El Congreso aprueba subir al 95% la cobertura hipotecaria de VPO

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El Congreso de los Diputados. Imagen: Archivo

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy martes por amplia mayoría y una única abstención la moción pactada entre PSOE y CiU que insta al Gobierno a modificar las condiciones los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida, ampliando del 80% al 95% la cobertura y su plazo de amortización de 25 a 30 años.

Ha aprobado además destinar el suelo y los bienes "infrautilizados" adscrito a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidos los entes empresariales, a la construcción de este tipo de vivienda.

Asimismo, plantea que se estudie la elaboración un plan de colaboración público-privada para la creación de un "gran parque" de viviendas de alquiler a precios asequibles e impulsar la transformación de un "elevado porcentaje" del 'stock' en manos de las promotoras para convertirlas en vivienda de alquiler.

Para el PP: "una versión descafeinada"

El texto pactado, que suprime seis apartados de la iniciativa original de CiU, contempla la realización, en el plazo de seis meses, de un informe sobre la ejecución de las líneas de créditos convenidos a promotores y del ICO-vivienda protegida con el fin de evaluar la facilidad o dificultades de la aplicación de dichas líneas de financiación.

Sin embargo, el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, se ha desmarcado de este acuerdo asegurando que el texto consensuado entre 'populares' y nacionalistas catalanes es una versión "descafeinada" de la propuesta inicial e insuficiente, ante la que su homóloga en el PSOE, Ana Fuentes Pacheco, ha replicado que con el PP "no puede ser y además es imposible". Y es que el PSOE no ha aceptado la propuesta de CiU de desarrollar la exención fiscal de todas las ayudas públicas al acceso a la vivienda, incluida la Renta Básica de Emancipación.

Tampoco la de la creación de un fondo de garantía para que las comunidades autónomas puedan cubrir los impagos de las rentas por parte de personas en situación de vulneración social o de dificultad económica temporal, aunque sí se propone estudiar medidas en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.

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