El derroche del Estado Autonómico

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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El partido Unión, Progreso y Democracia que lidera Rosa Díez ha publicado un amplio y bien fundamentado informe sobre el coste superfluo del Estado de las Autonomías. Carlos Martínez Gorriarán, responsable del Programa y Acción Política del partido lo ha dado a conocer ayer, y es de justicia señalar su pertinencia en la actual coyuntura, en que la recesión nos obliga a repensar nuestro nivel de vida.

Incluso quienes vemos con cierto recelo el surgimiento de los partidos bisagra, que pueden llegar a tener un papel arbitral sobredimensionado que distorsione la representación, hemos de reconocer que las 'terceras vías' de corte radical pueden desempeñar una función importante de estímulo y salubridad pública si aciertan, como en este caso, en sus críticas al sistema establecido, sobre todo en lo que concierne a sus incontroladas inercias, tácitamente aceptadas con resignación e inhibición por las dos grandes formaciones mayoritarias.

Despilfarro

El referido informe cuantifica el despilfarro en unos 24.000 millones de euros anuales (un 2,3% del PIB), cantidad aproximadamente equivalente al servicio de la deuda. Pero lo más interesante del estudio es su pormenor.

La principal sinrazón detectada es la duplicación superflua de organismos preexistentes, sin beneficio alguno para el ciudadano; así, se crean a nivel autonómico defensores del pueblo, sindicaturas de cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, institutos de estadística, consejos de consumo, agencias de protección de datos, institutos de meteorología, -embajadas- en el exterior.

Las instituciones autonómicas genuinas, cuya existencia no se discute, son también más caras. Así por ejemplo, el Parlamento de Cataluña, con 135 escaños, cuesta 506.000 euros por diputado, mientras que el coste de cada diputado del Congreso estatal, de 350 miembros, es de 280.000 euros. Las autonomías emplean además la mitad de los funcionarios públicos aunque tan sólo gestionan el 35% del presupuesto. Y una prueba del despilfarro reinante es que mientras el BOE ha dejado de imprimirse en papel, los boletines oficiales de todas las instancias administrativas representan todavía actualmente 800.000 páginas diarias?

Televisiones públicas

El audiovisual público, que está siendo controlado con criterios de austeridad en el ámbito estatal, sigue siendo en cambio un pozo sin fondo en el autonómico y local; según Deloitte -explica el informe-, el déficit de las televisiones autonómicas públicas fue de 1.600 millones de euros en 2008.

Asimismo, habría que preguntarse si tiene sentido la existencia de 50 universidades públicas -la respuesta ha de ser negativa si se cree honradamente que una Universidad no es una simple institución docente sino sobre todo un centro de investigación con una masa crítica suficiente- y si es razonable la proliferación embajadas autonómicas, cuando las relaciones internacionales son constitucionalmente una competencia estatal intransferible. El País Vasco, por ejemplo, tiene ya nueve delegaciones exteriores, que compiten absurdamente con las representaciones diplomáticas oficiales.

La descentralización política y administrativa del Estado ha sido uno de los grandes aciertos del modelo constitucional español que nos dimos en 1978. Sin embargo, es manifiesto que no hemos sido capaces de mantenerlo en los límites de la racionalidad, de la austeridad, de la gestión cabal de los recursos públicos, que son aportados con esfuerzo por todos los ciudadanos.

Así las cosas y frente a quienes afirman que estas desviaciones ya son irreversibles, habría que reclamar que esta profunda crisis, que ha puesto de manifiesto nuestros límites y debilidades, sirva al menos para proceder a una profunda rectificación. El despilfarro no sólo no contribuye al bienestar colectivo sino que engendra en gran medida el desprestigio que hoy afecta a la política en este país.

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