Solbes descarta el 'impuesto a los pisos vacíos': la aplicación estatal sería difícil y el dinero recaudado, escaso

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Pedro Solbes, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda. Foto: Archivo

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El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descartó hoy que el Gobierno vaya a hacer una propuesta a nivel estatal para aplicar recargos a las viviendas vacías en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el fin de dinamizar el mercado del alquiler, pero precisó que las comunidades pueden adoptar algún tipo de canon en este sentido si así lo estiman oportuno.

Durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, Solbes indicó que la definición de vivienda desocupada es un concepto "jurídicamente indeterminado" que cubre muchos tipos de situaciones, ya que por piso vacío se puede considerar desde una segunda residencia hasta una vivienda que alguien que traslada su domicilio a otro lugar mantiene porque vuelve a ella con cierta periodicidad.

"Hay una indefinición jurídica enormemente compleja. En mi opinión, los problemas jurídicos que plantea hacen muy difícil la apuesta por una solución de este tipo para incentivar la utilización de los pisos desocupados", subrayó.

Recaudación "poco significativa"

Además, señaló que, según las primeras estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, la recaudación económica de aplicar una medida de este tipo tampoco sería "muy significativa".

"Por tanto, debemos dudar de que sea una medida eficiente para resolver estos problemas y sin embargo entraríamos en un debate muy complejo", añadió.

Dificultad de aplicar un recargo a nivel estatal

Dicho esto, precisó que esta dificultad se encuentra principalmente en la idea de establecer un recargo a nivel estatal en el IBI sobre las viviendas desocupadas, pero señaló que otra cosa distinta son los cánones que puedan establecer las comunidades autónomas con esta misma finalidad.

En este sentido, rechazó que el Gobierno vaya a tomar alguna medida para disuadir a las comunidades de la aplicación de estos cánones, y añadió que los gobiernos territoriales son "responsables y autónomos" en temas financieros y que corresponde a ellos ver las ventajas e inconvenientes de una decisión de este tipo. "No nos corresponde a nosotros", reiteró.

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