El juez admite a trámite la solicitud de concurso de acreedores contra Nozar

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Luis Nozaleda, presidente de Nozar.

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Primera solicitud de concurso

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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha admitido a trámite la petición de concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) que presentó contra Nozar la empresa Avalatransa a finales del pasado noviembre. Según el auto, el grupo inmobiliario tiene un plazo de cinco días para demostrar su solvencia y, en caso contrario, se declararía en concurso de acreedores.

En un auto del 23 de enero, el juez Pedro María Gómez acepta el recurso de reposición que había presentado Avalatransa, asesorada por el bufete Osorio y Asociados, contra la decisión del anterior titular del juzgado de rechazar su solicitud.

El magistrado entiende que los documentos aportados por Avalatransa justifican la existencia de indicios de la posible insolvencia del grupo presidido por Luis Nozaleda, por lo que le concede el plazo legal de cinco días para que se oponga a la solicitud, advirtiéndole de que será declarada en concurso de acreedores si no cumple dicho trámite.

La inmobiliaria de la familia Nozaleda, con una deuda superior a los 4.000 millones de euros, tiene participaciones en cotizadas como Colonial y Afirma, en ambos casos de un 9%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV).

Alegaciones

En su auto, dictado el pasado 23 de enero, el juez considera que Avalatransa no solamente afirma ser acreedora de Nozar, sino que, además, acompaña a su solicitud una amplia prueba documental pública que, sin que sea prejuzgar en este momento procesal, justifica, al menos indiciariamente la legitimación que invoca.

Además, señala que Avalatransa, que ya presentó en marzo del año pasado un primer requerimiento de concurso de acreedores de Nozar que fue desestimado, relata en su solicitud una serie de hechos y de conductas que atribuye a la inmobiliaria que, "de resultar verídicos", pudieran justificar la apreciación de algunos de los hechos reveladores que enumera el artículo 2-4 de la Ley Concursal como circunstancias determinantes de la declaración de concurso necesario".

Así, indica que "sin desconocer -se insiste una vez más- que la cuestión es doctrinalmente controvertida", entiende que condicionar la admisión de la solicitud de Avalatransa al suministro por parte de esta de una cumplida prueba de los hechos que relata equivale a adelantar a este momento procesal una decisión que sólo debe producirse cuando, una vez evacuado el trámite de contestación por parte de Nozar y una vez celebrada la vista que regula la Ley Concursal, el juzgado se encuentre en condiciones de valorar la existencia o inexistencia de méritos suficientes como para declarar el concurso de la inmobiliaria.

Primera solicitud

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid desestimó una solicitud de concurso necesario contra Nozar y su filial Lena Construcciones de Avalatransa, al considerar que esta sociedad "no había logrado acreditar, pese a que le incumbía, la concurrencia de los requisitos y presupuestos alegados" en su demanda y exigidos por el artículo 2.4 de la Ley Concursal para ordenar la declaración de concurso.

En su auto, el entonces responsable del juzgado, Antonio Martínez-Romillo Roncero, concluyó que dada la "falta de acreditación de los presupuestos examinados, se evitaba el inicio de un proceso deficientemente instado".

Avalatransa reclamaba en un principio a la compañía controlada por la familia Nozaleda una deuda por importe de 312.621 euros, y aseguraba que trataba de cobrar esta cantidad desde marzo de 2007.

Posteriormente, la firma presentó una ampliación de la demanda en la que señalaba que, además de la deuda contraída con esta sociedad, la inmobiliaria tenía un préstamo impagado por importe de 2,11 millones de euros que venció el pasado 2 de enero.

Nozar precisó que su saldo pendiente con la empresa denunciante se limitaba a 23.425,24 euros, frente a los más de 300.000 euros reclamados por Avalantransa. Además, desveló que sobre esta sociedad pesa un embargo de la Seguridad Social de 79.426,01 euros.

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