Murcia se persona en la causa contra ACS por la 'trama' de la desaladora

  • La juez apunta a una trama para 'regalar' 600 millones a la constructora
Foto: Archivo

El Gobierno de la Región de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras, se ha personado en la causa abierta contra ACS por el supuesto amaño en el contrato de una desaladora en la localidad de Escombreras. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, está investigando, en concreto, si bajo el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, también del PP, se creó una trama para la adjudicación a dedo de la planta a Cobra, una filial del grupo que preside Florentino Pérez, con un compromiso de desembolsar 600 millones de euros en 25 años. Es un importe que multiplicaría por cinco el importe real de la construcción.

Fuentes del Ejecutivo regional, consultadas por este periódico, confirmaron este martes que "nos hemos personado como parte interesada", entre otras cosas para tener acceso a la información, insistiendo, no obstante, en que "la desaladora de Escombreras es una infraestructura imprescindible para cubrir las necesidades hídricas y que, actualmente, está al máximo de su rendimiento".

Informe de la Udef

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional implica en un informe, adelantado por El Confidencial, a altos cargos del Ejecutivos autonómico, entre los que se encuentra el que fuera hasta 2015 consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado el pasado mes de marzo; así como distintos directivos del grupo ACS, empresarios locales y bufetes de abogados. Supuestamente, todos ellos habrían participado en el presunto amaño, cargando las deudas de la desaladora a los presupuestos regionales con contratos y facturas falsas.

La investigación se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales de Murcia, que fue admitida a trámite en 2015 a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público". La juez considera que podrían haberse cometido posibles delitos de malversación de fondos públicos, fraude y administración desleal, entre otros.

A cargo del erario público

En su último auto, la magistrada apunta ya que, aunque la planta fue creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública, sin garantizar que los contratos suscritos por ella se ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia". En la instalación de Murcia se habría replicado así, supuestamente, según la investigación llevada a cabo, el mismo esquema que con el almacén de gas Castor en Castellón.


PUBLICIDAD


Contenido patrocinado

Otras noticias


Comentarios 1

#1
25-04-2018 / 08:57
Francolandia
Puntuación 0

Sigan con su PP.corrupto asta las trancas luego no se quejen que no hay dinero para las pensiones y de más si regalan el dinero de tod@s qué fuerte.........

Y ciudadanos apilando a los corruptos que saqueo.....






El flash: toda la última hora

Boletines


Todos los boletines





Prima de Riesgo
País Precio Puntos %
ESP 106,09 +14,05 +15,27%
FRA 30,58 +1,81 +6,27%
ITA 205,53 +12,80 +6,64%
GRE 400,53 +21,27 +5,61%
POR 154,48 +11,19 +7,81%

Ecotrader



Evasión

Grandes mitos del entrenamiento

Grandes mitos del entrenamiento



Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies