Trujillo: Gobierno elabora muchas medidas para frenar corrupción

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23/10/2006 - 13:37

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Madrid, 23 sep (EFECOM).- La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró hoy que el Gobierno lleva a cabo muchas medidas para solucionar y evitar casos de corrupción urbanística, a la vez que acusó al anterior Ejecutivo del PP de haber elaborado una Ley del Suelo que "tiene un efecto llamada a los especuladores".

Así lo señaló Trujillo a los medios de comunicación tras inaugurar unas jornadas sobre el Proyecto de Ley del Suelo, que se aprobó en julio y que se encuentra ahora en la primera fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Trujillo subrayó sus declaraciones al afirmar que los efectos de la Ley del Suelo de 1998 "lo estamos viendo ahora en los medios".

En este sentido, aseguró que "era absolutamente necesaria una nueva ley que evite todo el despilfarro del territorio, toda la exclusión social que ha existido en cuanto al acceso a la vivienda, la opacidad y la poca transparencia".

A juicio de Trujillo, que el PSOE haya propuesto al PP un pacto contra la corrupción urbanística, que fue rechazado por los populares, "es un tema estrictamente político y corresponde como tal a los grupos políticos".

Sin embargo, desde el Gobierno, recordó Trujillo, ya se ha hecho mucho para intentar frenar la corrupción urbanística. Ahora, prosiguió, "esperamos que también el resto de administraciones como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos colaboren para que esto sea posible".

Apuntó a la disolución del Ayuntamiento de Marbella, algo que ha ocurrido por "primera vez en la democracia española", y a las medidas "transversales y complementarias" que ha implantado el Ejecutivo en coordinación con distintos departamentos ministeriales.

En esta línea, Trujillo recordó que el Ministerio de Justicia promovió el nombramiento de un fiscal de sala coordinador de Medioambiente y Urbanismo, que va a permitir coordinar distintas fiscalías en delitos relacionado con la especulación y el fraude urbanístico, al mismo tiempo que se van a unificar criterios de actuación.

En cuanto a la política fiscal, la ministra de Vivienda señaló que el Ministerio de Economía y Hacienda ha puesto en marcha un Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que prevé medidas específicas para el sector inmobiliario, y se refirió al Plan de Sostenibilidad en la Costa del Ministerio de Medioambiente y a las unidades específicas creadas por el Ministerio de Interior para luchar contra delitos urbanísticos.

En lo que concierne a su propio departamento, Trujillo afirmó que el Ministerio de Vivienda ha implantado por su parte medidas como el Plan de Vivienda 2005-2008, la movilización de suelo a través de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) y la Ley del Suelo.

En cuanto a esta última medida, Trujillo aseguró que la futura Ley del Suelo, que se debatirá en el primer pleno de noviembre en el Congreso de los Diputados, supondrá un giro importante en la política de urbanismo y la ordenación territorial y proporcionará una nueva perspectiva en la que el ciudadano puede participar por primera vez en la toma de decisiones urbanísticas.

Trujillo también señaló que la Ley del Suelo contribuirá a moderar los precios del suelo y, en consecuencia de la vivienda, a la vez que establece los mecanismos necesarios para frenar la especulación urbanística.

Recordó que bajo el anterior Gobierno, el precio del suelo urbano se incrementó un 500 por ciento, y que hubo una fuerte caída de la construcción de viviendas protegidas, dado que "de cada cien viviendas sólo siete eran vpo".

Además, reiteró que en una sola década el suelo urbanizado en España ha aumentado en una cuarta parte, mientras que en Europa el porcentaje asciende, en el doble de tiempo, únicamente al 20 por ciento.

Trujillo concluyó su intervención al afirmar que la Ley del Suelo aumentará la transparencia y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre gestión de suelo, garantiza la disponibilidad de suelo para vivienda protegida dado que exige un porcentaje mínimo de reserva de suelo para este uso, y desincentiva las prácticas de reclasificación y retención especulativa de suelo.

Para la ministra de Vivienda, el hecho de que los planes y convenios urbanísticos se tengan que someter a información pública contribuirá de manera decisiva a que los ciudadanos puedan saber lo que se está haciendo con el suelo y luchar así contra los casos de corrupción. EFECOM

cae/cg

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