La juez imputa a un empresario ligado a Gowex por fraude en subvenciones

  • Barrull está tras Maatg Noozle habría recibido 8,9 millones en I+D

El empresario Santiago Jiménez Barrull, exsubdirector general del Ministerio de Industria y Energía entre 1993 y 1995 con el Gobierno de Felipe González, ha sido imputado por el juzgado de instrucción número 37 de Madrid por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental en documento privado, apropiación indebida, insolvencia punible y uso fraudulento en las subvenciones.

Jiménez Barrull figura junto a Ignacio Navarro Alventosa, también imputado o investigado, como administrador o apoderado de una red empresas sin actividad aparente que el fundador de Gowex, Jenaro García, habría usado para inflar sus ingresos.

Según un informe de la Agencia Tributaria, entre los años 2005 y 2010 esta red se habría cruzado facturas falsas por unos 22,9 millones de euros con Jenaro García. La Agencia Tributaria señaló, en concreto, que se cruzaron facturas "infladas durante años para justificar subvenciones de I+D".

Así, por ejemplo, Humania, Virtual Knowledge y Maat Green emiterion facturas por un importe de unos 8 millones de euros a SeaSuntel, una empresa creada por Gowex con el objetivo de inflar su facturación

Las imputaciones de Jiménez Barrull y Navarro Alventosa se producen a raíz de una querella presentada por las sociedades Reina 7 y Soporte Bankoi, al frente de las cuales están Josep María Pocalles y María del Pilar Puig. La titular del juzgado, Purificación Romero Paredes, ha citado ha declarar hoy lunes a Jiménez Barrull y a su mujer, Carmen Fernández, en calidad de investigados, sin que haya todavía fecha para la citación de Navarro Alventosa.

La querella presentada por Pocalles, en la que están personados tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado, acusa MaatG Noozle, propiedad de Jiménez Barrull, de "haber retenido" las subvenciones recibidas por el Ministerio de Industria para el proyecto Efficity, en el que participaba EKOPLC Internet, una empresa de Pocalles, causando su quiebra. MaatG Noozle era la empresa líder y coordinadora del proyecto por lo que era la encargada de recibir los fondos del ministerio de Industria y repartirlos entre los socios, entre los que también se encontraba la unidad de óptica de la Universidad Complutense de Madrid, que sí que cobró, aunque se convirtió en uno de los principales clientes de la red de empresas liderada por Barrul.

En este punto, Philips Indal, que también participaba en proyecto Efficity, acusó a MaatG Noozle por impagos. A finales de 2015, la justicia condenó a la firma de Barrull a pagar 441.400 euros a Phiplips Indal y 125.200 euros a la fundación privada I2CAT por haber "retenido indebidamente los fondos recibidos". En la sentencia, la juez apunta a que "la demanda ha dejado de cumplir sus obligaciones de devolución de la cantidad correspondiente a 2010 al Ministerio".

Según el calendario de financiación de Efficity, Maatg Noozle iba tenía que recibir 2010 un préstamo de 370.353 euros y una subvención de 324.898 euros. La suma de todas las anualidades para pagar el proyecto alcanza los 3,35 millones, de los cuales 601.837 euros corresponde a subvención. Según la querella, a EKOPLC le correspondían 452.358 euros, que no recibió.

En declaraciones a elEconomista, Jimenez Barrull ha defendido haber operado siempre dentro de la legalidad, asegurando que "todo obedece a un intento de chantaje y extorsión por parte de Pocalles que ha sido denunciado antes la policía y las autoridades judiciales". Aunque evita entrar en detalles, dice que "demostraré que no ha habido ningún tipo de irregularidad y que todo se ha hecho de forma legal".

¿Actividad real?

En la querella, Pocalles y su esposa señalan que Maatg Noozle suspendió la entrega de fondos de manera unilateral y que le obligó a presentar un aval para cobrar. Ellos aseguran que lo hicieron al pedir un préstamo y que aún así no recibieron los fondos.

Además de los impagos, Pocalles y su esposa acusan a la red de empresas de Barrull y Alventosa de no tener actividad y de desviar, presuntamente, los fondos obtenidos a otras empresas de sus red. En concreto, aseguran que "en la memoria justificativa presenta la subcontratación por 328.280 euros a Virtual Knowledge, cuyos apoderados son también los investigados Jiménez Barrull y Navarro Alventosa".

Así, Pocalles asegura que "únicamente tuvo contacto con un técnico de la citada entidad" y que "no se ha constatado personal técnico ni de desarrollo en las dependencias de la entidad" A su vez, asegura que disponen de declaraciones juradas de varios trabajadores contratados por MaatG Noozle en calidad de programadores senior manifestando que entre los años 2010 y 2013 no realizaron ningún desarrollo o trabajo para una serie proyectos de I+D+I subvencionados, con los que habría recibido 8,9 millones de euros.


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