El escándalo filatélico: los clientes de Afinsa y Fórum demandarán al Estado por el patrimonio perdido

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Miles de afectados ultiman una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado en el supuesto fraude de los sellos. El Gobierno asumirá las consecuencias si un juez determina que se ha causado daño injustificado.

Las asociaciones de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa por fin se han decidido a dar el paso que llevan sopesando desde que estalló el escándalo, el pasado 9 de mayo. Miles de clientes, reunidos en varias asociaciones de afectados de toda España, tienen preparada una demanda contra el Estado que presentarán previsiblemente en los próximos días.

En el caso de Fórum, los clientes que han promovido la acción patrimonial para pedir una indemnización están reunidos bajo la asociación "Fórum: defendiendo lo nuestro", que integra a más de 40.000 afectados en toda España. Por ahora, las federaciones de Navarra, Cantabria, Cuenca, Extremadura, Andalucía, Valencia y Euskadi se han unido a la demanda, que se presentará de inmediato en el juzgado. Está previsto que a la acción judicial se vayan uniendo en las próximas semanas el resto de asociaciones de España.

En Afinsa, es la llamada "Plataforma Blanca", que representa a miles de afectados, la que interpondrá la misma demanda.

Acción y omisión

La demanda se presentará por la vía administrativa, ya que lo que se reclama es la responsabilidad patrimonial del Estado en la presunta estafa. Los demandantes creen que es responsable por omisión, ya que el Estado no actuó en su momento, o por acción, porque lo ha hecho ahora inconvenientemente, provocando más perjuicio a los afectados que si no hubiera actuado.

La pregunta que se hacen los afectados, y que consta en la demanda, es por qué si las dos empresas eran mercantiles (como sigue defendiendo la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes), no se les impuso ninguna sanción al actuar como captadoras de depósitos; es decir, como un banco. Y si eran financieras, ¿por qué no se regularon por el Banco de España o por la CNMV?

La demanda patrimonial contra el Estado que ultiman los afectados será la tercera vía por la que discurran las acciones judiciales contra las dos empresas filatélicas. La primera es la penal, donde la Audiencia Nacional está investigando a los ex gestores de las dos sociedades por una querella de la Fiscalía Anticorrupción donde les acusa de seis delitos.

La segunda vía es la mercantil, donde se están llevando a cabo sendos procesos de suspensión de pagos (concursos de acreedores) para pagar en la medida de lo posible a todos los afectados. Y la tercera es la contenciosa-administrativa, que se abrirá con las nuevas demanda si el juez decide admitirlas a trámite.

Las asociaciones discrepan

En todo caso, las acciones judiciales contra el Estado no encuentran la misma acogida en todas las asociaciones de afectados. Andrés Vilacoba, abogado que defiende a muchos clientes y asesora a varias asociaciones de afectados, es partidario de agotar el plazo de un año que tienen legalmente para pedir cualquier responsabilidad a los poderes públicos.

"Soy partidario de demandar al Estado, pero aún es prematuro. Hay un plazo de un año, y por adelantarnos 5 meses perdemos tiempo de investigar quiénes o qué organismos públicos fueron los responsables".

El Gobierno lo asume

La demanda por responsabilidad patrimonial era esperada en la Administración. Técnicos, economistas y juristas del Estado ya analizaron la situación el pasado mes de julio, a la vista de la alarma social que se había generado y el enorme colectivo de gente perjudicada. La intervención judicial, avalada por la Inspección de la Agencia Tributaria, ha provocado un perjuicio mayor que el de la situación que se quería atajar, algo que conculca el principio de proporcionalidad en las decisiones judiciales y administrativas del Estado.

Fuentes cercanas a esos encuentros aseguraron a elEconomista que el Gobierno está dispuesto a asumir esa responsabilidad patrimonial si un juez sentencia que existe y que lo debe hacer. Por ahora, no se trata de crear una partida de dinero público para ello, dado que eso sería reconocer la negligencia de antemano, pero siempre existe el Fondo de Contingencia en los Presupuestos (3.390 millones de euros el año que viene), pensado para sufragar el coste de este tipo de situaciones imprevistas.

No obstante, esta demanda es sólo el inicio de un proceso difícil de demostrar (el Estado puede negar la relación causa-efecto y salvar la situación), sobre el que hace falta una decisión judicial firme. Hay que aclarar primero, además, cuántos son los afectados y la estimación del daño individualizado de cada uno de ellos, tal y como exige la legislación en estos casos.

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