Empresas y finanzas

Acuamed pagó sobrecostes por 330 millones en las obras de las desaladoras

  • El órgano supervisor avisó en 2014 del aumento del presupuesto
Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente, comparece ante la prensa para dar explicaciones sobre su posible fraude en Acuamed. Foto: Efe.

La trama que conforma la operación Frontino ya está bautizada como "organización criminal". El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pone la lupa en el sistema que utilizaban los investigados para inflar los certificados de obra y las posteriores liquidaciones.

El Tribunal de Cuentas ya alertó en septiembre de 2014 que Acuamed había pagado hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en nueve desaladoras del Mediterráneo. Aunque por el momento, los primeros indicios judiciales señalan que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura podría haber defraudado 25 millones de euros, los motivos de las plusvalías que reseñó el órgano supervisor en el informe de fiscalización de la sociedad son idénticos a los que ahora se investigan: contratos dados por encima de la licitación inicial, revisión de precios y pagos por liquidaciones.

El informe, correspondiente a 2014, aunque fiscaliza los años 2011 y 2012, hace referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con el presidente socialista, las desaladoras pertenecieron al Ministerio de Medio Ambiente, a cuyo frente estuvieron Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar.

Desviación presupuestaria

Las desaladoras de las cuencas mediterráneas están bajo sospecha. El Tribunal de Cuentas hizo una correlación de las obras realizadas por la firma pública desde 2005 tras la que recomendó poner en marcha medidas para minimizar las "desviaciones" de los presupuestos motivadas por los "errores y defectos" en los que se incurrían a la hora de planificar las inversiones.

El documento señaló un sobrecoste de 30,8 millones en la obra de la desaladora de Carboneras, en Almería, pasando el precio inicial de 116 millones de euros a 147,3 millones por "modificaciones", "revisión de precios", "liquidaciones" y "defectos de planificación". El proyecto en la planta de El Atabal, en Málaga, también se incrementó otros 15 millones de euros por un "defecto de planificación", mientras que la remodelación de la desaladora de Marbella costó 2,05 millones de euros más de lo previsto por otro "defecto" en la estimación de los costes de expropiación. El contrato para la desaladora de Valdelentisco (Cartagena) se adjudicó por 79,5 millones de euros, 7,2 millones por encima del precio inicial de licitación, a lo que se le sumó un modificado de otros 34,6 millones de euros y 10,1 millones más por la liquidación final.

Las actuaciones en la planta de Campello (Alicante) contaban con un presupuesto de 53,6 millones de euros que posteriormente se elevó 24,1 millones de euros hasta los 77,7 millones. La inversión para las obras de la desalinizadora para riego en Águilas (Murcia) aumentó también un 41,2 por ciento después de realizar un modificado de 58,7 millones y una revisión de precios de 10,8 millones, mientras que la desaladora del Campo de Dalías (Almería) sufrió un incremento del 44 por ciento respecto al coste de la inversión prevista y el proyecto pasó de costar 166,7 millones de euros a 240,1 millones.

Contratos a Acciona y FCC

El magistrado investiga los contratos que dio Aquamed a Acciona y FCC. La firma adjudicó en 2008 a la UTE liderada por Acciona la desaladora de Torrevieja por 192 millones. En 2011 se hizo un modificado por 34 millones y una revisión de precios de 11,2 millones.

La Guardia Civil detuvo el martes al responsable de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente, y a tres cargos de FCC; el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, el directivo Santiago Farré y el ingeniero Miguel Roset. FCC ganó la planta de Almanzora (Almería), cuyo contrato tuvo un sobrecoste de 18 millones. El magistrado imputa a los 13 detenidos los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación, maquinación para alterar los precios de los contratos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.

El juez ordenó ayer prisión para Arcadio Mateo y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco. También para el responsable de contratación, Francisco Javier Gómez Pastor, el responsable de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y al presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

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Otras noticias

Perico
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Pues a alguno se le va a caer(otra vez)el pelo

Puntuación 9
#1
Alvartoverbena
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Tiran de la manta y salen políticos de todos los signos. Cuando la justicia independiente? Cuando un supervisor de contratos dirigido por los jueces? No veo en los programas electorales decir que quieren justicia independiente. Que quieran mas controles. Cuando podremos limpiar este Pais?

Puntuación 20
#2
Pa vernos-matao
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y la menestra a que espera para dimitir"" en funciones""

Puntuación 12
#3
ALX
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AHORA ENTIENDO EL ANSIA POLITICA Y SUS AFINES EN CONSTRUIR DESALADORAS AUNQUE SEAN ALTAMENTE CONTAMINANTES Y EXPULSEN SALMUERA TÓXICA AL MAR, HABÍA BUENA MORDIDA. CON LA DE AGUA QUE SE PIERDE EN NUESTROS RÍOS, TAMBIEN BLINDADOS POR LOS POLITICOS DE TURNO.

Puntuación 17
#4
ALX
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LA PREGUNTA ES: ALGUNA DE LAS MINISTRAS DE ZAPATERO O EL PROPIO ZAPATERO VAN ASUMIR RESPONSABILIDADES. LA RESPUESTA ES: NO. NO PIERDAN EL TIEMPO.

Puntuación 12
#5
Usuario validado en elEconomista.es
Javier Marzal
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Es evidente de dónde sacar el dinero para pagar la deuda pública, simplemente basta con evitar que los de La Casta, amigos y familia sigan robando y eso es tarea de todos, empezando por no votar a La Casta y denunciar estos robos que muchos conocen. ¿El órgano supervisor informó al Ministerio Fiscal de estos sobrecostes?, porque si no lo hizo pudo haberse cometido el delito de encubrimiento.

Puntuación 11
#6
CaptainLoL
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Tanto cuesta hacer presupuestos cerrados?

La empresa que quiera participar en el concurso debe garantizar que el precio será el pactado. Si calculan mal sin querer, o a propósito para ganar el concurso, es responsabilidad suya.

Alguna empresa del mundo será capaz de cumplir esas condiciones.

Puntuación 9
#7
Epi
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Por lo visto alguno de los acusados ha manifestado al juez que:"El dinero público no es de nadie",se ve que el comentario de la antigua ministra del PSOE Carmen Calvo es en realidad un estándar de la "enseñanza"que reciben los que manejan dinero de los impuestos en España(lo que incluye claro a Cataluña)

Puntuación 6
#8
ciudadana
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malditos politicos ladrones...os deseo lo peor

Puntuación 5
#9
ROBERPIERRES
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¿Hay algun politico español que no sea ladron?

Puntuación 3
#10
AL BORREGAZO 5
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EL DEL CRECEPELO tambien era del PSOE?? BORREGAZO PPERO,

Puntuación 2
#11
navegante
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Al 5, derogaron el transvase, nos obligaron a poner dealadoras, y como casi siempre la culpa de todo para el pp, y los principales culpables saldrán de rositas, de ahí el interes en que ese transvase no tubiera un buen final. Y detras el soe cómo siempre.

Puntuación 1
#12
NAVEGANTE
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Al 5, derogaron el transvase, nos obligaron a poner desaladoras, y como casi siempre la culpa de todo para el pp, y los principales culpables saldrán de rositas, de ahí el interes en que ese transvase no tubiera un buen final. Y detras el soe cómo siempre... "EL MARRÓN PARA ELPP."

Puntuación 1
#13
Bleckion
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Lo curioso es que si llega a ser del PP, estaría investigado, dimiitido y expulsado del partido. Como es del PSOE, ya lo veremos maaaañana.

Puntuación -1
#14