El Ministerio de Trabajo se declara incompetente en el ERE de Martinsa-Fadesa

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Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa.

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El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Dirección General de Trabajo, se declaró hoy incompetente en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Martinsa-Fadesa. Según informó hoy el departamento que dirige Celestino Corbacho, la empresa había solicitado el pasado día 15 de julio autorización para la extinción de los contratos de 234 trabajadores de su plantilla.

Con anterioridad al momento de la presentación de la solicitud de regulación de empleo ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la empresa había presentado ante el Juzgado de lo mercantil nº 1 de La Coruña una solicitud de declaración de concurso voluntario.

"Una vez presentada dicha solicitud, y puesto que la Ley Concursal establece la competencia exclusiva del juez del concurso desde el mismo momento de la solicitud de la declaración, la intervención de la Dirección General de Trabajo podría suponer sustraer del gobierno del juez concursal decisiones de la empresa de contenido económico, contenidas en el ERE y con una incidencia directa en la masa activa del concurso", afirma el Ministerio.

En este sentido, el objetivo de la compañía y de los sindicatos que representan a sus trabajadores es pactar un acuerdo sobre las condiciones del ajuste de plantilla con el fin de que el juez lo asuma.

Negociación con los sindicatos

Con este fin empresa y sindicatos retomaron hoy las negociaciones que emprendieron el pasado 15 y que vienen celebrando semanalmente.

En el último encuentro sobre el ERE, celebrado el pasado día 22, Martinsa-Fadesa elevó desde los 25 hasta los 28 días por año trabajado la indemnización a los trabajadores a los que afectará el ajuste, el 26% del total de su plantilla.

No obstante, los sindicatos siguen rechazando esta compensación e insisten en reivindicar 45 días por año trabajado. También piden que los despidos se realicen de forma no traumática (a través de bajas y prejubilaciones) y que vayan acompañados de planes de formación y de recolocación de los afectados en empresas del sector. 

Además, solicitan un plan de viabilidad para la empresa, con el fin de garantizar los puestos de  los trabajadores que permanezcan en la compañía.

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