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La compañía presidida por Pedro López Jimenez y el gobierno de Nicaragua han puesto fin a las tensiones que mantenían desde hacía meses. Por fin, hoy se ha anunciado la firma de un pacto por el cual Unión Fenosa formaliza el traspaso del 16% de sus filiales nicaragüenses al Ejecutivo de Daniel Ortega a cambio de la cancelación de la deuda que la eléctrica española había contraído con el sector público del país latinoamericano, además del pago de unos 7,4 millones de euros.
"Las negociaciones afortunadamente terminaron en buen término para todos", anunció el portavoz de la compañía española en Managua, Jorge Katín, "después de casi seis horas de negociación". La venta, que fue anunciada en abril y aplazada a principios de mayo, ha tenido que superar la oposición inicial de Ejecutivo de Daniel Ortega por que la eléctrica permaneciera en el país y sus posteriores exigencias para la cesión de la participación en sus filiales.
El pacto fue suscrito por el consejero delegado y vicepresidente de Unión Fenosa (UNF.MC), Honorato López Isla, que llevaba en el país desde el pasado día 28 con la intención de desbloquear la operación, y el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.
A falta de que la adquisición sea aprobada por el Congreso nicaragüense, el Estado latinoamericano se hará con una participación del 16% en las filiales Disnorte y Dissur por unos 11,5 millones de dólares (7,4 millones de euros) y obtendrá representación en la mesa directiva de la empresa distribuidora.
Además, la eléctrica española consigue la cancelación de la deuda que la empresa había contraído con el sector público. El pasado mes de diciembre, la eléctrica anunciaba a través de sus filiales que tenía una deuda con la Empresa Energética de Corinto (EEC) por valor de 3 millones de dólares.
En virtud del acuerdo alcanzado, Nicaragua retirará una demanda de arbitraje a Unión Fenosa y que la eléctrica haría lo mismo con un reclamo de cobro de seguro internacional de inversiones contra el país centroamericano. "Vamos a trabajar juntos", manifestó el ministro.
La empresa española también invertirá más de 30 millones de dólares en la ampliación y mejoramiento de la red de distribución eléctrica en los próximos años hasta 2011.
Por su parte, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega desistirá de sus amenazas de expropiar a la filial de Fenosa, que administra desde hace ocho años la distribución y comercialización de energía en el país, y promoverá ante el congreso una ley antifraude energética que castiga con cárcel y multas a usuarios que roben luz.
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