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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMadrid, 12 abr (EFECOM).- La desaceleración de la construcción residencial, que este año dejará de construir alrededor de 300.000 inmuebles, y la dificultad del acceso a la vivienda por sus altos precios, serán los principales retos que tendrá que afrontar Beatriz Corredor como ministra de Vivienda.
Pese a que diferentes previsiones apuntan a que el precio de los pisos podría caer hasta un 20 por ciento, la compra de una vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población, por lo que Beatriz Corredor tendrá que buscar soluciones alternativas, bien con iniciativas destinadas a la compra de obra nueva y usada, bien impulsando el mercado del alquiler.
Durante la anterior legislatura, sus antecesoras -María Antonia Trujillo y Carme Chacón- pusieron en marcha sendos planes de fomento del alquiler muy similares (con ayudas tanto directas como indirectas), que ahora deberá gestionar Corredor.
En concreto, el plan de ayudas a la emancipación, en vigor desde el 1 de enero, aún no ha llegado a beneficiar a los 360.000 jóvenes de entre 22 y 30 años que está previsto que en 2008 y durante cuatro años, pueden pedir la subvención de 210 euros mensuales, junto a una fianza de 600 euros y un aval de 120 euros.
También dentro del fomento del alquiler, la nueva ministra se enfrentará a la modificación la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la que se pretende igualar la tasa española de arrendamientos con las de otros países de la Unión Europea.
Estas modificaciones supondrán también la puesta en marcha de los juzgados especializados, un compromiso de Chacón, con el objetivo de dar seguridad a los propietarios para que saquen al mercado sus inmuebles vacíos.
Otro reto será la elaboración de un nuevo Plan Estatal de Vivienda que previsiblemente incluirá el alquiler con opción a compra, así como el incremento del porcentaje de vivienda protegida, ya que el objetivo del Gobierno es construir 1,5 millones de VPO en los próximos diez años, de las que 900.000 se destinarán a la compra, y 600.000, al alquiler.
En todo este proceso tendrá como interlocutoras a las inmobiliarias, que afrontan problemas de liquidez derivados de la crisis crediticia mundial, que está empujando a algunas de ellas a situaciones financieras insostenibles.
Además de intentar que la banca no discrimine a las empresas del sector con restricciones de crédito, Beatriz Corredor tendrá que resolver las peticiones de las promotoras que esperan soluciones para dar salida a los cientos de miles de inmuebles libres que tienen en stock.
Asimismo, la polémica Ley del Suelo, que entró en vigor a mediados del año pasado y enfrentó a muchos de los agentes del sector, necesita aún ser desarrollada.
Un asunto pendiente de la anterior legislatura es la mejora de la normativa referente a las entidades de inversión colectiva, para favorecer la entrada en el mercado del alquiler de nuevos agentes como fondos inmobiliarios que se dediquen también a la promoción del alquiler. EFECOM
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