SEPI adjudica los centros de Sestao, Gijón y Sevilla, pero retrasa la venta de Manises

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CC.OO emprenderá las acciones legales oportunas contra la decisión de la SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido adjudicar los centros de Izar ubicados en Sestao, Gijón y Sevilla a Construcciones Navales del Norte, Vulcano y Huelva-Boluda, respectivamente, aunque Bruselas ha pedido más información sobre la oferta de Ros Casares, que puja por la fábrica de motores de Manises, por lo que el 'holding' público pretende retrasar su venta.

Así lo explicó a Europa Press el secretario de Política Sindical de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Carlos Romero, tras la reunión de la comisión de seguimiento, y lamentó que la SEPI "no haya tenido en cuenta a los sindicatos", mientras que la Federación Minerometalurgica (FM) de CC.OO. acordó impugnar la decisión del 'holding' público y emprender las acciones legales oportunas.

Según Romero, Bruselas ha pedido información sobre algunos puntos de la oferta de Ros Casares sobre Manises, al entender que no están suficientemente justificados, por lo que la SEPI se ha visto obligada a retrasar la adjudicación de este centro.

Romero criticó que el organismo que preside Enrique Martínez Robles haya decidido adjudicar los centros de Izar sin contar con el acuerdo de los sindicatos. No obstante, la SEPI ha accedido a la petición de los sindicatos de reabrir el diálogo sobre el preacuerdo firmado en mayo, que fue rechazado por los trabajadores, con el fin de volver a negociar las garantías laborales.

En este sentido, los sindicatos pidieron al grupo público que intente introducir en este preacuerdo algunos de los matizas que los trabajadores han venido reclamando en estos días de movilizaciones. Además, estimaron oportuno convocar una reunión con los adjudicatarios del proceso y con representantes de la SEPI.

En opinión de Romero, en esta reunión se hablaría con SEPI sobre las garantías para los trabajadores y con los adjudicatarios se acordaría el Plan Industrial de cada uno de los centros, así como los convenios para los próximos años y las inversiones. Además, Romero apostó por poner en marcha un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla.

Una vez tratados estos temas se procedería a poner la bases para la constitución de una sociedad conjunta integrada por las cuatro adjudicatarias, el Instituto de Crédito Oficial y distintas cajas de ahorros, "algo que se podría haber hecho antes si la SEPI no hubiera adjudicado los centros por su cuenta", lamentó.

Romero explicó que la SEPI ha justificado la rápida adjudicación de los centros en el hecho de que si no se venden se pondría en peligro la viabilidad de los centros y algunas de las ofertas presentadas podrían decidir retirarse al haberse diluido tanto el proceso.

Asimismo, Romero avanzó que a partir de mañana se abre un nuevo espacio temporal, dado que la venta se consumará cuando sea aprobada en Consejo de Ministros, lo que "en opinión de la SEPI tendrá lugar a final de septiembre o principios de octubre".

El consejo de administración se reunirá mañana para decidir la venta de los centros y la decisión será a continuación ratificada por la comisión de liquidación. A continuación el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) deberá dar su visto a la adjudicación y finalmente pasará al Consejo de Ministros.

CCOO impugna la decisión

Por su parte, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. decidió impugnar la decisión que ha tomado la SEPI de proceder "unilateralmente" a la venta de los activos de Izar, al considerar que incumple los acuerdos de diciembre de 2004.

De esta manera, la Federación Minerometalúrgica ha puesto el documento en manos de su gabinete jurídico para que emprenda las acciones legales que considere oportunas.

CC.OO. entiende que el Gobierno ha vulnerado lo que firmó hace año y medio, cuando se comprometió a colaborar con los sindicatos en la búsqueda de una salida a los centros productivos y a "desarrollar un diseño industrial" que no implicase "una salida individual para cada centro", manteniendo una mayoría de control público.

"Cuando hace tiempo que el organismo que preside Enrique Martínez Robles descartó la posibilidad de vender los astilleros en un solo bloque, ahora se decide que la adjudicación se produzca sin que los sindicatos la apoyen, algo que la Federación Minerometalúrgica no comparte", añade la Federación en un comunicado.

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