Madrid es la única autonomía que cumple la directiva europea de liberalización comercial

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No importa que el comercio esté atravesando una de las mayores crisis de toda su historia o que el consumo se haya parado en seco en España. Todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, incumplen la normativa europea que exige la liberalización del mercado y de todas las trabas existentes para la apertura de grandes superficies. El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la directiva europea de liberalización de servicios, popularmente conocida como la directiva Bolkestein, pero seis años después su incumplimiento en el mercado español es generalizado.

Frits Bolkestein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de la Comisión Europea de Romano Prodi, pretendía impulsar la liberalización de todos los servicios como una vía para impulsar el crecimiento económico y apoyar la libertad de empresa y movimientos dentro de la Unión. El problema en España surgió cuando el Gobierno de Zapatero permitió a las autonomías seguir legislando a su antojo y vulnerar la normativa, haciendo oídos sordos incluso a las advertencias de la Comisión Nacional de la Competencia.

Incumplimientos

Pese a lo que dice la normativa, hoy prácticamente todas las autonomías mantienen un sistema de doble licencia -autonómica y municipal- para regular la apertura de grandes establecimientos comerciales, imponiendo además tasas injustificadas, lo que provoca que los proyectos tarden entre 8 y 10 años en ver la luz desde que se ponen en marcha. Y eso si lo logran.

El grado de incumplimiento es tal que, según un informe realizado por Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, hay incluso casos, como el de las Islas Baleares, donde la norma autonómica hace una declaración de intenciones contraria incluso a la Directiva de Servicios refiriéndose a ella como una de las principales amenazas para el modelo comercial de las Islas.

La normativa balear, aprobada bajo el anterior Gobierno socialista en 2009, es de hecho una de las más restrictivas del país. Impone por ejemplo una tasa de 17,64 euros por metro cuadrado de superficie comercial de exposición y venta; exige una licencia autonómica a las grandes superficies y establece discriminaciones en función del tamaño y la ubicación.

Y por si fuera poco, posibilita al Consejo Asesor de Comercio a ser consultado sobre cualquier cuestión que afecte a la actividad comercial de las Islas Baleares, cuando la directiva establece la exclusión de competidores, incluso dentro de estos órganos consultivos, de cualquier decisión que afecte a la concesión de autorización.

Las más restrictivas

Entre las autonomías más restrictivas, de acuerdo con los datos recogidos por Anged, figuran también Cataluña, Navarra, el País Vasco, Andalucía o Valencia. En el caso catalán, por ejemplo, los grandes establecimientos sólo pueden implantarse en municipios de más de 50.000 habitantes o en capitales de comarca, hay una intervención injustificada del departamento de comercio en la planificación urbanística y se establece un régimen de autorizaciones en función de una "injusta clasificación de establecimientos comerciales en función de su tamaño".

En la misma línea, Andalucía tiene también un régimen de licencias tan sólo para los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados y no justifica las "razones imperiosas de interés general" para frenar su desarrollo; Navarra establece excesivas cargas y trámites burocráticos; el País Vasco fijas criterios de autorización contrarios a la directiva y la Comunidad Valenciana debe todavía concretar los criterios para permitir la implantación del gran comercio.

Es en todos los casos justo lo contrario que Madrid, que ha puesto en marcha un plan no sólo de eliminación total de las trabas -no se exige ya ninguna licencia autonómica para el establecimiento de grandes superficies-, sino también de completa liberalización de horarios, lo que permitirá abrir domingos y festivos.

Proyectos paralizados

A la espera de que en el resto cambie el marco normativo, las grandes empresas de distribución asociadas en Anged (El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo, Ikea, Leroy Merlin y Toys R' Us, entre otros) tienen proyectos de inversión paralizados por un valor de 2.500 millones de euros, cifra que, de poder materializarse, permitiría crear entre 7.000 y 8.000 empleos directos.

"Anged lamenta que, tanto el Estado como la práctica totalidad de las comunidades autónomas, hicieran una transposición de la Directiva de Servicios alejada del espíritu liberalizador que guió a las instituciones comunitarias y que se tradujo en un exceso regulatorio que impide el desarrollo pleno de todo el potencial inversor para las grandes empresas de distribución", aseguran desde la patronal.

Anged considera que es urgente reformar el marco normativo en que debe desenvolverse el comercio, para eliminar rigideces e impulsar la inversión y la creación de empleo, especialmente necesario en momentos como el actual.

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