Economía/Motor.- Competencia sanciona con casi 600.000 euros a la asociación y a autoescuelas de Pontevedra

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) decidió sancionar con 75.000 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra por recomendar precios a sus miembros y con 518.000 euros a diversas autoescuelas del sur de la provincia -que examinan en Vigo- por concertar precios en el permiso de conducir tipo B.

En un comunicado, el TGDC -dependiente de la Consellería de Economía e Facenda- informó de que dictó el pasado 27 de diciembre esta resolución sancionadora, la primera que impone por conductas contrarias a la competencia.

Este organismo considera acreditada la existencia de la recomendación colectiva de precios de la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra, a la que multó con 75.000 euros, así como la existencia de concertación para fijar precios por parte de varias autoescuelas del sur de Pontevedra, a las impulso sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros, por importe total de 518.000.

Tanto la recomendación como la concertación de precios entre competidores son de las infracciones más graves a la competencia por afectar de manera sensible a los consumidores, que se ven privados de poder elegir con libertad en el mercado, en este caso, el servicio para obtener el permiso de conducir, que constituye un instrumento esencial en la vida laboral y social actual, según el TGDC.

Los hechos tienen su origen en la denuncia presentada el 5 de febrero de 2004 por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que remitió un escrito a la Dirección General de la Competencia del Ministerio de Economía, en la que comunicaba un posible acuerdo de precios entre las autoescuelas que realizaban sus exámenes en Vigo, según se recogía en diversas noticias de prensa publicadas en aquellas fechas.

Con la entrada en funcionamiento de los órganos autonómicos de defensa de la competencia en Galicia, creados por la Lei 6/2004, del 12 de julio, y en el marco de lo establecido por la normativa, el asunto fue remitido al Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC), que asumió el expediente desde finales de 2005.

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