La operación de venta de Nueva Rumasa al empresario Ángel del Cabo, experto en liquidaciones, podría ser sólo una tapadera. O eso es, al menos, lo que sospecha el magistrado Blas Alberto González, titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Granada, encargado del concurso de acreedores de Dhul.
"Mediante semejante operación se trata de esquivar posibles embargos a la vista de los sólidos argumentos existentes de su responsabilidad concursal. No es descartable incluso que tras ello sólo exista un artificio fiduciario", asegura en su último auto.
Del Cabo anunció la adquisición el pasado 9 de septiembre a través de la sociedad Back in Business por un importe de 1.500 millones de euros, equivalente a la deuda del holding, pero sin presentar hasta ahora ningún documento que acredite la operación.
"Es una venta simplemente anunciada, pero no demostrada por ahora", asegura el juez, que confirma así las sospechas de los inversores que adquirieron pagarés de la compañía. El juzgado ha exigido a Ángel del Cabo que aporte todos los documentos privados y públicos que hayan suscrito, incluyendo cartas de intenciones, anexos, garantías cruzadas y posibles contratos y cláusulas de confidencialidad.
Alzamiento de bienes
A la espera de que eso se produzca, de momento la Fiscalía Anticorrupción, que tiene también sospechas fundadas de que se está cometiendo un nuevo fraude, ha advertido ya de que si la familia Ruiz-Mateos se embolsa un solo euro podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes.
Ante todo ello, el juez no ha tenido ninguna duda "en la necesidad de adoptar alguna medida cautelar", y esa es la razón por la que ha embargado bienes a la familia Ruiz-Mateos por importe de 618 millones de euros.
La ejecución del proceso no será sin embargo nada fácil porque, según las inspecciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, durante los últimos años, el patriarca del clan ha creado un entramado de al menos 147 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales mediante el uso de testaferros. Uno de los más importantes en el caso es Zoilo Pazos Jiménez, uno de sus sobrinos, imputado también en la Audiencia Nacional.
José María Ruiz-Mateos no tiene apenas nada a su nombre y ni siquiera aparece como administrador de las empresas del conglomerado. El juez de Granada considera probado sin embargo que es él el que tomaba todas las decisiones.
"Puede afirmarse de modo perfectamente racional y con sustento de hechos objetivos que él mismo ejercía de modo directo y decisivo las tareas de dirección real del Grupo Dhul y de las restantes sociedades que forman parte del grupo Nueva Rumasa, aunque formalmente no estuviera designado como administrador en ninguna de ellas". Pero el juez va incluso mucho más allá y no se cree ni siquiera que haya delegado las funciones ejecutivas en sus hijos. "La administración sigue sujeta a su control último", asegura.
A la espera del embargo, Dhul se ha quedado al borde de la liquidación. El juez reconoce que tardaría 142 años en pagar el pasivo de 712 millones que tiene, y 76 años si se aplica una quita del 50%.
Según el informe de los administradores concursales, la compañía realizó ventas ficticias por 17,73 millones entre 2006 y 2009 a sociedades del grupo que no correspondían a transacciones reales o prestación de servicios. Se desviaron subvenciones de la Junta de Andalucía concedidas para una fábrica en Jaén y se garantizaron "de forma masiva, indiscriminada y sin control alguno" deudas de otras empresas de Nueva Rumasa por 640 millones de euros.
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