El Gobierno debe otros 750 millones a las eléctricas por la inversión en redes

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Déficit tarifario: Tensión en las eléctricas

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Las eléctricas tienen pendiente aplicar la nueva retribución por las inversiones que realizan para garantizar el suministro energético. El problema es que desde que en 2008 se anunciara un nuevo modelo para pagar al sector, aún no ha sido aprobado, con lo que el Gobierno debe a estas compañías un total de 750 millones de euros.

Desde estos grupos confirmaron que el Gobierno no ha atendido a estos pagos desde hace dos años y se prevé que al cierre de este año tampoco cumpla con la regulación contemplada para esta actividad regulada. En total, las empresas calculan que cada año estas cantidades ascienden a 250 millones y durante un trienio no se han cobrado.

Asimismo, uno de los grandes problemas que se presentan para Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa es que no han podido cerrar sus cuentas desde hace dos años por este asunto. En concreto, las energéticas se han visto obligadas a acudir al recurso de deuda para financiar las inversiones realizadas.

En este sentido, la insuficiencia de los flujos de caja libres se ha hecho más evidente en los últimos ejercicios, en los que el proceso inversor ha sido más intenso y los desajustes tarifarios más acuciantes, en tanto que estos costes que se reconocen a las eléctricas se cargan en las tarifas reguladas, es decir, las que fija el Gobierno (los peajes).

Preocupación creciente

Pero el problema de la falta de reconocimiento de las distribución también llega a las pequeñas distribuidoras. De hecho, fuentes cercanas a la patronal del sector Cide también han mostrado su preocupación a elEconomista porque no se resuelva este asunto cuanto antes.

Las eléctricas han visto cómo la regulación que debe fijar esta norma se ha retrasado constantemente. En concreto, en 2005, el Gobierno pidió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que elaborara una metodología para retribuir a la distribución: la llamada red de referencia. A finales del año pasado se intentó impulsar un nuevo modelo que puso en pie de guerra a las compañías y a las propias comunidades autónomas al ver que con ese sistema las eléctricas se negarían a hacer inversiones necesarias para la seguridad del suministro.

En concreto, el organismo regulador intentó aplicar un modelo en el que se les reconocería el coste implicado cuando las inversiones ya estuvieran hechas y las instalaciones ejecutadas. Por contra, las eléctricas solicitan que se mantuviera el mecanismo como hasta ahora para que en función de los planes estratégicos de cada energética se estimara la retribución.

La congelación de la luz

Finalmente, antes de verano, la CNE llegó a un acuerdo con el sector y aprobó una metodología en la que las compañías están más o menos de acuerdo. Por ello, las compañías esperaban que en la revisión tarifaria del pasado mes de julio se incluyese en la orden de peajes un alza como consecuencia del reconocimiento de esta inversión.

Pero llegó el Pacto de Estado entre el Gobierno y el PP que se cerró con una congelación del precio de la luz. Fue en ese momento, donde las grandes compañías amenazaron con dejar de realizar inversiones en la red para evitar los apagones. Desde ese momento, los enfrentamientos entre el sector y el Gobierno no han cesado.

El problema es ahora ver cuándo por fin se van a aplicar la retribución para que las eléctricas puedan cerrar sus cuentas.

La próxima oportunidad la tendrá en la siguiente revisión de tarifa. Según ha publicado el BOE la subasta Cesur se celebrará el 14 de diciembre y servirá para fijar los precios de la luz a partir del año que viene.

Aprobación del déficit

Del mismo modo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará previsiblemente hoy el folleto del déficit tarifario. De este modo, el Fondo de Titulización podrá colocar los 3.000 millones de euros antes de que acabe el año.

Con la puesta en marcha de este mecanismo, la vicepresidenta Salgado cumple con la promesa que le hizo a los directivos de las eléctricas, tal y como adelantó elEconomista. En la operación de colocación participan seis bancos de inversión, que son BBVA, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Goldman y Santander.

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