El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó los cimientos de la construcción hasta el punto de que 170.000 empresas del sector se dieron de baja en los ejercicios 2008 y 2009, lo que supone el 23% del total en España. Es más, el grueso de los cierres (el 63,5%) se registró durante el pasado año, según se desprende del estudio sobre el sector de la construcción realizado por la Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios y difundido hoy. Las cementeras creen que el precio de la vivienda debe bajar más.
La mayor parte de las sociedades constructoras desaparecidas eran de pequeña o mediana dimensión, con un sólo trabajador, o micropymes, según el informe, que prevé que la destrucción de empresas del ramo continúe en 2010.
No obstante, la institución destaca que de los más de cuatro millones de empresas constituidas en España en el decenio 1999-2009, el 17% correspondió al sector de la construcción. Además, hasta 2007, la actividad constructora registró tasas de crecimiento en creación de empresas "bastante superiores" al resto de ramas productivas de la economía española.
"A partir de entonces, y como consecuencia del pinchazo de la 'burbuja inmobiliaria', la tasa de variación de constructoras ha descendido con más intensidad que en el resto de la economía", subraya el estudio.
Buscar la sostenibilidad
La Fundación concluye su informe subrayando la necesidad de recuperar la actividad constructora "de un modo sostenible, a largo plazo y con planteamiento renovados", apelando a su "capacidad para generar empleo, su contribución al desarrollo económico, su poder de arrastre sobre otras actividades productivas y su influencia en el consumo".
En esta línea, rechaza el recorte de inversor en infraestructuras de 6.400 millones de euros que el Ministerio de Fomento realizará durante este año y 2011. En opinión de la institución, "no puede plantearse como remedio al exceso de gasto público y a la imperiosa necesidad de controlar y reducir el déficit público, por tratarse de una actividad productiva".
Por contra, apunta que "los recortes presupuestarios habrían de plantearse en los capítulos dedicados al gasto corriente de las administraciones y en las subvenciones públicas a actividades no rigurosamente productivas".
No obstante, considera preciso "revisar y replantear" muchos de los proyectos de infraestructuras programados en función de "criterios de eficiencia en la asignación de los recursos disponibles y de rentabilidad económica".
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