La due diligence encargada por la Xunta a la auditora KPMG concluye que la fusión entre las dos cajas gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- es "solvente, garantiza la 'galleguidad' y está avalada técnicamente", tal y como afirmó hoy la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, en la presentación de los resultados del análisis de las dos entidades.
La fusión de las dos entidades gallegas, la vía que defiende el Gobierno de la Xunta, tendría como resultado una caja que "daría beneficios desde el primer año" y que provocaría unos costes de reestructuración de 485 millones de euros, que se amortizarían en 2013, pues las sinergias generarían 120 millones netos cada año. Además, conllevaría la pérdida de casi 1.300 empleos y el cierre de 280 oficinas.
Devolución de fondos del FROB
La nueva entidad sería, por volumen de activos, la quinta entre las cajas españolas (teniendo en cuenta los procesos de integración en marcha), con 77.000 millones de euros, lo que supone un "tamaño suficiente" para el contexto futuro, afirmó Fernández Currás.
La auditoría no analiza otras alternativas distintas de la fusión gallega, por lo que la conselleira no descartó que haya proyectos de absorciones con mejores ratios que esta unión. Contra esto argumentó que "el auténtico dividendo de las cajas es social" y recordó que no tienen ánimo de lucro. "Despejamos las dudas sobre la solvencia de un proyecto conjunto; no estamos garantizando la mejor opción", afirmó.
Las proyecciones indican que la caja fusionada "dispondrá en 2015 de unos niveles de rentabilidad y eficiencia altos y un nivel de solvencia adecuado", defendió la conselleira, que afirmó que los ratios "clave de solvencia, rentabilidad, eficiencia y nivel de endeudamiento en 2015, después de devolver los fondos del FROB se corresponden con los de una entidad viable".
Caixa Galicia y Caixanova pedirían para una unión 1.190 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -calculado en base al 2% de los activos ponderados de riesgo actuales-, una cantidad que, aclaró la conselleira, "no está cerrada", pues la cifra se calcularía en el momento de la fusión.
"Un beneficio suficiente"
En cualquier caso, según la auditoría, la nueva entidad obtendría un beneficio bruto de 2.671 millones de euros en el periodo 2010-2015, "suficiente" para devolver las ayudas del FROB (que se pagarían en cinco años, desechando la posibilidad de ampliar el plazo a siete) y para incrementar dotaciones, dijo la titular de Facenda. Además 655 millones corresponderían al impuesto de sociedades.
La obra social en esos cinco años sería de 300 millones de euros, lo que representaría un 20% de los beneficios previstos, el mismo porcentaje, defendió la responsable de Facenda, que se destinó en los dos últimos años. Caixa Galicia destinó a este fin 112,3 millones en 2009 y 112,1 en 2008, mientras que Caixanova reservó 55,8 millones en el último ejercicio y 62,5 en el anterior.
La due diligence revela que la solvencia de la entidad resultante (el Tier I), que debería estar en ese año entre el 8,5 y el 10%, se situaría en el 9%; mientras que el ROE (beneficio antes de obra social) estaría en el 13,2%, por encima de las metas marcadas, entre el 10 y el 12%.
"Riesgo del constructor"
La eficiencia sería del 47,7%, frente al objetivo de que se encuentre entre el 45 y el 50%. En este punto, Fernández Currás destacó que este ratio se mejoraría en 20 puntos porcentuales con respecto a la situación conjunta actual de Caixa Galicia y Caixanova, que es del 67% -este indicador es mejor cuanto más bajo-. Por último la financiación mayorista deberá situarse entre el 20 y el 30% y la previsión es del 28,4%, gracias a la "diversificación de pasivo".
La auditoría analizó también los principales riegos de cada entidad y concluye que, entre los 20 primeros de cada caja, sólo hay una coincidencia, que la responsable de Facenda no reveló por respeto al secreto bancario. La resultante de la fusión vería reducidos los riesgos entre sus principales clientes en un 16,6%, en relación con la situación actual, agregó.
El análisis detectó que las "debilidades" de Caixa Galicia y Caixanova en el "riesgo del promotor constructor", derivado de que la comunidad tiene una "burbuja inmobiliaria autóctona", explicó Fernández Currás, que rechazó que se hayan encontrado "pasivos ocultos". Preguntada acerca de si se ha constatado que una caja esté peor que la otra, la conselleira respondió que no lo puede decir. "Lo único que constatamos es la bondad de una fusión para alcanzar más tamaño, eficiencia y solvencia", zanjó.
Pérdida de 1.296 empleos
La unión de las dos cajas gallegas provocaría el cierre de 280 oficinas y la pérdida de 1.296 empleos, que se ejecutarían entre 2010 y 2012 y se cubrirían en un 92% con prejubilaciones y el resto (algo más de 100 puestos) con bajas incentivadas en la red en expansión, en oficinas fuera de Galicia.
Fernández Currás concretó que 217 oficinas se cerrarían por solapamiento, 50 por rendimiento y 13 más se clausurarían en el extranjero.
El informe, aseguró Fernández Currás, está ahora en manos de las cajas -también se trasladaron las conclusiones a los agentes sociales y los partidos políticos-, cuyos consejos de administración "tienen la decisión" final sobre una fusión.
"La Xunta sólo puede dar su opinión", dijo la titular de Facenda, que insistió en que los órganos de dirección deben aprobar el movimiento y el Banco de España "validarlo". Consideró "imposible" tomar ninguna medida de excepción para presionar a las cajas, que dijo que ya conocían los resultados, dado el contacto que mantuvieron con la Xunta y la empresa auditora.
Al regulador le dijo que el modelo utilizado en esta auditoría externa está "contrastado" y fue usado en otros procesos de fusión. "Confío en que se comporte como un regulador independiente y explique cualquier discrepancia", agregó, en caso de que se produzca. En cualquier caso, concretó que al Banco de España no se le pedirá un "pronunciamiento" acerca de este análisis, sino que "valide un plan de negocio" de las dos entidades para fusionarse.
Pide "independencia al BdE
"Su opinión -la del Banco de España- va a ser determinante porque solicitamos ayudas del FROB y el FROB es del Banco de España", resumió y, preguntada acerca de si se percibe "discriminación" hacia Galicia, consideró que eso es lo que "cabía interpretar" de algunas de sus manifestaciones. "Sólo puedo esperar su independencia", resolvió.
Con respecto a los plazos, Fernández Currás hizo alusión a que el Ministerio de Economía fijo el 31 de diciembre de 2010 como límite para que esté hecho cualquier proceso de integración en el sector financiero.
En su exposición, la conselleira de Facenda sostuvo que una fusión con cajas de otras comunidades conllevaría una "pérdida del domicilio social", una menor vinculación con Galicia y sensibilidad con sus necesidades financieras y la posibilidad de que algunos ayuntamientos poco rentables se queden sin ninguna oficina de alguna entidad.
Por su parte, la opción de un Sistema Institucional de Protección (SIP) generaría "menores eficiencias" y duplicaría los órganos centrales. "Supone la creación de un banco central que absorbería la capacidad decisoria", censuró. "No hablamos de una UTE, de una asociación temporal para un proyecto concreto, sino que en la práctica es un acuerdo irreversible", advirtió y concluyó que esta alternativa "vacía de contenido a las entidades vinculadas".
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