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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadBRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, reiteró hoy que si Navantia Fene no se concentra exclusivamente en la producción militar y pasa a construir también buques civiles antes del año 2015 tendrá que devolver las subvenciones ilegales concedidas por el Estado, ya que se incumplirían los términos del acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración de Izar.
"La Comisión considera que cualquier intento de cambiar las cláusulas del acuerdo, y en particular el paso de Fene de la producción militar a la civil, no podría desvincularse de la recuperación de las ayudas en cuestión concedidas a Fene y a Navantia", aseguró Kroes en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado del PP, Daniel Varela.
Kroes recuerda que en 2004 el Ejecutivo comunitario declaró ilegales las subvenciones públicas por valor de 864 millones de euros concedidas a Izar y ordenó al Gobierno recuperarlas de los astilleros beneficiarlos. España evitó esta sanción alegando que las medidas en cuestión tenían como objetivo rescatar las actividades de los astilleros militares de la previsible bancarrota de Izar.
El rescate, según recuerda la comisaria de Competencia, se produjo transfiriendo los astilleros militares de Izar en Ferrol y Cartagena a una nueva empresa pública (Navantia) que no tendría que devolver las ayudas ilegales. Al mismo tiempo, los astilleros de Fene, Puerto Real y Cádiz, que tenían un uso civil, se incluyeron también en Navantia.
"Por tanto, estos tres astilleros sólo escaparon de la obligación de devolver las ayudas porque España aseguró que era necesario para proteger los intereses esenciales de su seguridad. Sobre esta base, Fene sólo puede centrarse en la producción militar, principalmente subcontratando y complementando a Ferrol", recalca Kroes en su respuesta.
"Los compromisos asumidos por España son válidos por un periodo de 10 años. Por consiguiente, los astilleros afectados tienen prohibida la construcción de buques civiles hasta el 25 de mayo de 2015, con independencia de su estructura de propiedad", explica la comisaria de Competencia.
Añade que la única excepción a este principio que aceptó en su momento el Ejecutivo comunitario a petición de España es que, para aprovechar las sinergias entre los astilleros militares y los civiles, Navantia pueda realizar ventas civiles que no excedan el 20% del total en una media de tres años.
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