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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadCARACAS (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por partidos del Gobierno, aprobó en la madrugada del viernes una polémica ley de educación con la que el presidente Hugo Chávez busca acelerar su "revolución socialista".
La norma, criticada por la oposición porque aumentaría el control del Estado sobre escuelas y universidades, recibió el voto favorable de una amplia mayoría de asambleístas al final de una maratoniana sesión.
Como fueron hechos cambios en algunos artículos, la ley pasa ahora a la Comisión de Educación para incorporarlos y volverá a la plenaria para su sanción definitiva posiblemente la próxima semana.
Horas antes, cientos de personas habían salido a las calles de Caracas para mostrar su oposición al proyecto, pero fueron reprimidos con gases lacrimógenos al intentar acercarse a una concentración oficialista a favor de la iniciativa.
Además, una docena de periodistas de La Cadena Capriles, editorial dueña del popular diario Últimas Noticias, resultó herida después de que personas identificadas con "La Revolución" los agredieran por manifestar su rechazo a la ley, en las cercanías de la Asamblea Nacional.
La norma educativa forma parte de una amplia ofensiva legislativa con la que Chávez pretende eliminar las leyes "contrarrevolucionarias" antes de diciembre, que incluye modificaciones al régimen de propiedad y del ejercicio del periodismo.
El Ministro de Educación, Héctor Navarro, insistió en varias oportunidades sobre la urgencia de aprobar el texto legal antes del inicio de clases en septiembre.
"La ley es necesaria por muchas razones (...) que tienen que ver con lo curricular, el funcionamiento de las escuelas, la incorporación de las comunidades, la ampliación del concepto de comunidad educativa, la mejor definición de la democracia y la autonomía universitaria", aseguró Navarro esta semana.
Opositores al presidente Chávez y parte de la jerarquía de la Iglesia han denunciado que la ley lleva a un desplazamiento de la educación católica, reserva la formación docente al Estado y anula la potestad que hasta ahora mantienen las universidades de elegir a sus alumnos.
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