Los tribunales rechazan la demanda de Telefónica contra el Gobierno de Chile

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El Tercer Juzgado Civil de Santiago ha rechazado la demanda que interpuso la filial de Telefónica en el país andino en 2002 contra el Estado chileno por unos 300 millones de dólares (214,58 millones de euros), debido a los perjuicios ocasionados por la regulación tarifaria decretada por los ministerios de Economía y Transporte para 1999-2004.

Fuentes de Telefónica han señalado que a la compañía aún no le han notificado la resolución del tribunal por lo que esperará hasta ese momento para estudiar las posibles medidas a adoptar. Una vez reciba esta notificación, Telefónica dispondrá de un plazo de diez días para recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según publicaba el Diario Financiero Online, los hechos se remontan a una demanda presentada hace siete años por Telefónica Chile debido a la disconformidad del operador contra la regulación a la que fue sometida por su posición dominante en el mercado. En concreto, la firma cuestionó la legalidad del Decreto Supremo 187, del 4 de mayo de 1999, que fijó sus tarifas por cinco años.

El decreto tarifario, firmado por los entonces titulares del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se publicó a mediados de agosto de 1999 y suponía un recorte de los precios del Servicio Local Medido y el cargo fijo.

Indemnización por prejuicios

"A partir de 1999 y hasta 2001, la ex CTC intentó cambiar el decreto haciendo varias gestiones al más alto nivel. Para ello, la empresa fue hasta la Corte de Apelaciones, la Suprema y a la Contraloría General de la República, pero sin mayor éxito", indicó el rotativo.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2002, Telefónica CTC Chile interpuso la citada demanda de indemnización por perjuicios contra el Estado de Chile. Asimismo, la empresa también evaluó recurrir al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

El diario ha señalado, citando fuentes de industria, que lo más lógico es que la compañía apele a la resolución, debido a que Telefónica "no echaría por la borda" todo el esfuerzo puesto en esta demanda durante los últimos siete años.

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