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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadAunque haya sido con la boca pequeña, Bruselas ha puesto el grito en el cielo con la jubilaciones de oro que se garantizan a altos directivos de todo el mundo a costa de las arcas de las compañías.
Como adelantó elEconomista el pasado martes, la Unión Europea quiere poner un tope a los multimillonarios blindajes de la crema y nata directiva internacional, cansada de ver cómo las mismas empresas que piden dinero a Papá Estado para limpiar sus excesos, premian después a los autores del desastre con millonarias indemnizaciones.
Así ocurrió en AIG. Fue el pasado 15 de marzo cuando, después de haber recibido 170.000 millones de dólares (120.000 millones de euros) de las arcas públicas, se supo que la mayor aseguradora estadounidense había entregado 165 millones de dólares (117 millones de euros) a sus altos directivos. Pero suma y sigue, porque este caso, lejos de ser una excepción, ha sido una tónica generalizada entre el mundo financiero estadounidense, desatando un sonoro escándalo que ha llevado al presidente Barack Obama a amenazar incluso a todas las cúpulas ejecutivas de las empresas que reciban ayuda estatales a ponerles un tope en sus retribuciones.
En España, sin embargo, todavía no se ha llegado a ese punto. Entre otros motivos, porque afortunadamente el Gobierno no ha tenido que nacionalizar ninguna empresa. Pero también es cierto que cada vez más voces se alzan en contra de los retiros dorados que se firman las cúpulas al mismo tiempo que estampan su sello en planes masivos de recorte de empleo.
Sólo entre los ejecutivos de las 35 mayores empresas españolas se encuentran 278 blindajes, el 58% de todos los miembros de la alta dirección del selectivo Ibex-35. Esta cifra apenas ha variado en los últimos años, cierto, pero ahora resulta especialmente dolorosa, ante las duras negociaciones que multitud de empresas están llevando a cabo con los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y las constantes peticiones que desde algunos frentes empresariales se hacen en pro de abaratar el despido.
Perfecto, parece haber pensado Europa. Pero predicad con el ejemplo. Y éste pasa por la recomendación que ha salido desde Bruselas invitando a los Estados miembros de la Unión Europea a imponer a las indemnizaciones por despido, conocidas como paracaídas de oro, un límite máximo de dos años del sueldo fijo y prohibir que éstas se paguen si el ejecutivo fracasa en su cometido.
Los blindajes de la alta dirección se justifican en el hecho de que estos ejecutivos carecen de un marco fijo indemnizatorio, como son los 45 días por año del clásico despido improcedente. De ahí que la mayoría de las empresas tengan reconocido a sus primeros espadas unas cantidades para el momento de la salida.
En el caso de las empresas españolas, suelen oscilar entre dos y cinco anualidades. Pero, a estas cantidades suelen sumarse también retribuciones variables y planes de opciones sobre acciones que, en demasiadas ocasiones, han desatado el escándalo. Entre los más reciente figura el plan de stock options que aprobó el Consejo de Administración de Unión Fenosa hace un año, cuando ACS ya estaba negociando la venta del 45 por ciento que tenía en la eléctrica, como finalmente ocurrió. Se da la circunstancia de que dicho plan incluía una cláusula por la cual todos los beneficiarios podían ejecutar sus opciones por si la compañía era víctima de una opa, como estaba claro que iba a ocurrir.
Así, en vez de tener que esperar cinco años para cobrar sus opciones, los directivos podían ejecutarlas en el mismo momento en que se registrara la oferta pública de adquisición y llevarse, entre todos, unos suculentos 200 millones de euros.
Otro caso que ha levantado ampollas ha sido Endesa, la compañía española con mayor número de blindajes a cierre del pasado ejercicio. La eléctrica controlada por la italiana Enel tiene reconocidos nada más y nada menos que 33 paracaídas de oro. Un salvavidas que sería menos escandaloso si Acciona y Enel no hubieran dedicado gran parte del pasado ejercicio a negociar su divorcio y, por tanto, la salida de gran parte de esos directivos con un suculento y preparado finiquito.
Consulte la información completa en la edición de fin de semana de diario elEconomista
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