Las empresas de 'press clipping' no podrán seguir trabajando sin el permiso expreso de los editores

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Las empresas dedicadas al press clipping ya no podrán saltarse el trámite del consentimiento de los editores si quieren seguir realizando resúmenes y recortes de prensa. Las consecuencias que se derivarán de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, dada a conocer ayer, suponen el fin de una práctica que venían empleando aquellas empresas que evitaban deliberadamente llegar a un acuerdo con los editores de diarios.

El juzgado deja claro que la facultad de oponerse a la elaboración de press clipping y de recibir una remuneración equitativa, en los términos del artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, corresponde al editor de diarios, por lo que se cierran las puertas a cualquier uso que se haga de los contenidos sin autorización expresa.

La sentencia, fechada el 13 de mayo, puede ser objeto de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, y, de ser así, el despacho que ha ganado el pleito, Cremades&Calvo Sotelo, podría pedir la ejecución de forma cautelar de lo establecido por el juzgado.

Como explica Diego Solano, abogado de la firma, "el objetivo no era ir contra el press clipping en sí, que nos parece que cumple con un cometido necesario para muchas empresas, sino contra determinadas empresas que han venido realizando estas actividades sin recabar el debido consentimiento de los editores".

No es el único caso que está en los tribunales. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid tiene abierto un procedimiento similar contra otra empresa de press clipping que, según Solana, debería resolverse próximamente en el mismo sentido.

Representantes de los periodistas

Solana critica la pretensión, anulada en la sentencia, de que los derechos de propiedad intelectual de los contenidos de los diarios pueda ser objeto de negociación entre la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y las empresas de press clipping, "convirtiéndose así en una especie de SGAE", sin que dicha organización reúna los requisitos para ello: "Los periodistas no han autorizado a la FAPE para la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Para eso necesitarían la autorización del Ministerio de Cultura, además de cumplir con los requisitos que establece la Ley de Propiedad Intelectual en estos casos".

En su opinión, acudir a la FAPE ha sido una estratagema de las empresas de press clipping que querían evitar a toda costa negociar con los editores. Sobre este punto, la sentencia es clara. Advierte que la FAPE carece de legitimación legal para la gestión de los derechos de autor de los periodistas.

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