Blesa presenta al consejo de Caja Madrid unos estatutos reformados parcialmente

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El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

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El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, presentó al Consejo de Administración de la entidad una reforma de los estatutos que incorpora cambios parciales con el objetivo de adaptarlos a la nueva Ley de Cajas aprobada a comienzos de año por la Asamblea de Madrid a instancias del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Esta propuesta será sometida antes del 31 de enero, a la revisión y aprobación del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, quien deberá remitirlos a la entidad en quince días. "Don Miguel (Blesa), hay un periodista ahí dentro".

Según informaron fuentes cercanas al consejo de la entidad, el texto no fue sometido a votación de los miembros. Este hecho que será precisamente motivo de un nuevo desencuentro entre la Comunidad de Madrid y la entidad.

Para la caja, "la votación no era preceptiva, puesto que ésta es una primera fase de información que desde el punto de vista técnico y profesional se circunscribe a informar al consejo de administración". Sólo cuando retorne desde la Consejería de Economía, deberá ser votado antes de ser remitido el texto a la asamblea general de Caja Madrid, según fuentes de la entidad. De hecho, ningún miembro del consejo pidió una votación.

Debatido y votado

"Todo lo que se envía a la asamblea debe ser debatido y votado, pero hoy sólo era un acto informativo, donde se han dado opiniones y la opinión general fue que hay que adaptarse a la ley. El texto se votará cuando corresponda y de ahí se hará llegar a la asamblea general de la entidad, que votará la modificación y deberá aprobar el texto por dos tercios de los presentes", indicaron.

Sea cual sea el resultado, advierten las mismas fuentes, Beteta "tiene capacidad para imponer su criterio a la asamblea, pero sería la primera vez en la historia y supondría un acto de imposición por el poder de difícil explicación".

No obstante, para el Gobierno regional el procedimiento llevado a cabo supone una irregularidad de forma, puesto que el artículo 11.i establece que todo lo remitido a la Asamblea debe serlo "a propuesta del Consejo de Administración". Asimismo, argumentan que el artículo 46.2. prevé que las decisiones deben ser votadas por dos tercios del consejo de administración. "El presidente de la entidad, no se puede arrogar la competencia de elevar la modificación de Estatutos sin someterlo a votación", insisten.

Una reforma de los estatutos

En cuanto al contenido, fuentes de la entidad subrayan que "se ha presentado la reforma y adaptación de los estatutos a la nueva Ley de Aguirre incorporando cambios parciales, para adaptar aquellos artículos sobre los que la ley incide".

Fuentes políticas indican, a su vez que los estatutos presentados respetan las modificaciones incorporadas por la Ley regional, pero adjuntan un informe jurídico que destaca aquellos elementos que los servicios de la entidad consideran que chocan con la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorros (LORCA), en cuanto al peso del Ayuntamiento de Madrid, limitado al 30% según la Ley Aguirre, y la ponderación entre el número de clientes y los depósitos, que según los críticos, sobrevalora a municipios con gran poder adquisitivo respecto a los más poblados, de cara a sus representantes en la asamblea de la entidad.

El debate

Durante la reunión, mantenida en Toledo, se mantuvo cierto debate cuando se llegó al punto referido a los estatutos, después de dos días en los que el consenso presidió todo lo relativo al Plan Estratégico y el plan de trabajo para el próximo año.

La mayoría de los 21 miembros del consejo de administración intervinieron para destacar la necesidad de cumplir con lo establecido por la ley. El 'popular' Estanislao Rodríguez Ponga planteó la necesidad de que la entidad se atenga a lo que diga la Consejería, como órgano tutelante de la caja y preguntó a sus compañeros de órgano qué pasaría si la Comunidad de Madrid introduce en los estatutos y en el reglamento algo que no fuera del agrado del consejo de administración.

Ante ello, José Antonio Moral Santín (Izquierda Unida) tomó la palabra y destacó que si se vieran inconsistencias entre los estatutos y el Reglamento que salga de la Consejería, con el ordenamiento jurídico superior, "se abrirá la puerta a los recursos jurídicos oportunos que podrán llevarse a cabo tanto desde la iniciativa privada o la acción popular".

En consecuencia, Moral Santín defendió que el consejo de administración debería aceptar las modificaciones y remitirlas directamente a la asamblea general de la caja, para que fueran sometidas a votación. Así, destacó la necesidad de ser "escrupulosos" con el principio de legalidad en todo el proceso y por todas las partes para evitar "posibles inconsistencias jurídicas" e incluso "inconstitucionalidad".

Dos instituciones independientes

Otros consejeros recordaron, por su parte, que Comunidad y Caja Madrid son "dos instituciones independientes" y la entidad "no es una empresa pública, por lo que es quien tiene que adaptar los estatutos y tiene una competencia activa para ello". "Estos estatutos hay que adaptarlos teniendo en cuenta que el resultado sea plenamente consistente a la legislación básica y superior", especialmente, en cuanto a la Ley de Cajas, la Reforma Financiera de 2002 y la Constitución, insistieron.

Por su parte, otros miembros del consejo hicieron un llamamiento para que la Consejería "retire su actitud intervencionista, hostil y represora, sin respetar la independencia institucional de la caja y sin respetar la independencia de sus órganos de Gobierno".

En esa línea, Rodolfo Benito (CCOO) hizo referencia expresa a la inhabilitación aplicada por la Consejería sobre Juan Gómez Castañeda (IU) y Fernando Serrano (CCOO) y a las sanciones a siete miembros de la comisión de Control y reclamó al consejo que haga llegar a la Comunidad la necesidad de restablecer el clima de cooperación imprescindible y positivo entre ambas instituciones.

Un clima de diálogo institucional

Asimismo, Mercedes de la Merced (PP) también recordó el carácter independiente de Caja Madrid como institución social financiera, no perteneciente al sector público, y destacó que, "aunque efectivamente la Comunidad tiene funciones de órgano tutelante, la entidad es independiente". Así, defendió un cambio de actitud para establecer una cooperación institucional desde el respeto y el reconocimiento de la independencia de la caja.

José María de la Riva (PSOE) declaró que el proceso electoral debe desarrollarse dentro de la norma legal, y apeló a la necesidad de restablecer un clima de diálogo institucional con la Comunidad, mientras Ricardo Romero de Tejada (PP) volvió a repetir el argumento de que la caja está sometida a la Consejería de Economía, responsable jurídico.

Cumplir la legislación

Esta mañana el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, advirtió de que si Caja Madrid no adapta sus estatutos correctamente a la ley vigente, el Gobierno regional "se encargará de que se cumplan las determinaciones legales, procederá a la adaptacion de los estatutos" y su resolucion será "ejecutiva".

"Creo, y estoy seguro, de que el consejo de administración de Caja Madrid hará lo que tiene que hacer, que es cumplir con la legislación vigente y espero que adopte el acuerdo de adaptar sus estatutos a la legislacion vigente", manifestó. "Si no, lógicamente, la administración de la Comunidad Autónoma, como órgano tutelante, se encargará de que se cumplan las determinaciones legales, procederá a la adaptación de los estatutos y su resolucion es ejecutiva", agregó González en rueda de prensa.

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