La energía camina hacia la descarbonización

6:00 - 22/11/2017

Europa se encuentra irremediablemente inmersa en un proceso de descarbonización de la sociedad. La Comisión Europea ha dado un paso adelante y, pese a la marcha atrás de Estados Unidos, se ha comprometido a continuar con este proceso para liderar en el mundo la apuesta por las renovables. Por el momento, algunos de los grandes países han comenzado ya a mostrar su planes y a poner fecha para el cierre de sus plantas de carbón. En Francia, la propuesta para abandonar el carbón se ha fijado en el año 2022; en Reino Unido e Italia se plantean 2025, y en Finlandia y Holanda, 2030.

El Ejecutivo comunitario además será más ambicioso a la hora de fijar el objetivo de renovables para 2030 y pasará de un primer objetivo del 27% hasta el 30%. El Parlamento Europeo incluso quiere ir más allá y propone el 35%.

Mientras se fijan los objetivos, un extremo que se espera que se produzca el año próximo en los diálogos a tres bandas entre Comisión, Consejo Europeo y Parlamento, los Estados tendrán que presentar el llamado Plan Integral de Energía y Clima. Por el momento, se espera que se demore la presentación, ya que la normativa europea de gobernanza lleva retraso en su tramitación y permitiría a su vez presentar más tarde las propuestas de cada Estado.

Para elaborar esta propuesta, el Gobierno creó en marzo una comisión interministerial y encargó en julio un informe a un grupo de 14 expertos que se encargará de elaborar una propuesta para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El grupo, presidido por Jorge Sanz -exdirector general de Política Energética- cuenta con la participación de Luis Atienza, expresidente de REE; Guillermo Ulacia, expresidente de Gamesa; Óscar Lapastora, expresidente de Carbunión: Miguel Duvisón, de REE; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal y director de la asesoría jurídica de REE; los profesores Pedro Linares, de ICAI (a propuesta de Ciudadanos), y Diego Rodríguez, de la Complutense, entre otros.

Los expertos tienen el encargo del Consejo de Ministros de analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico, y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible. En cuanto a los costes se incluirán particularmente los referidos a las redes, la seguridad del suministro y la volatilidad de los precios energéticos; por lo que hace a los beneficios, los posibles impactos positivos sobre el medio ambiente, la salud y el desarrollo industrial. En todo caso, se hará hincapié en el impacto potencial de cada propuesta en el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales, así como sobre la competitividad de la economía española.

El informe recogerá las alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con Europa y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

El grupo tiene seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía y al de Agricultura para su posterior paso por el Consejo de Ministros..

Fiscalidad verde

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda preparan la creación de otro grupo de trabajo para que elabore una propuesta de modificación de la actual fiscalidad ambiental, con el objetivo puesto en que se aplique en 2019.

Según figura en el borrador del Plan Nacional de Calidad del Aire, el sistema fiscal actual tiene margen para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, y en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos.

En los últimos años, organismos internacionales y expertos en la materia han formulado recomendaciones a España para que afronte un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a la media comunitaria, en el marco de una reforma fiscal verde.

La OCDE, en el informe Environmental Performance Reviews: Spain 2015, recomienda cambios en los impuestos sobre la energía y el transporte y propone diseñar nuevos tributos. Además, la OCDE plantea suprimir algunas medidas fiscales actualmente en vigor. Por ejemplo, el organismo defiende un aumento de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.

En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el documento Study on Assessing the. Environmental Fiscal Reform. Potential for the EU28, propone reformular algunas de las figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos, especialmente los que afectan a la contaminación y los recursos. Para ello recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.

En febrero de este mismo año, el documento de trabajo de la Comisión sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE para el caso de España, incide en que hay margen para revisar los impuestos medioambientales e identifica como un reto principal la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Esta revisión de la fiscalidad energética es uno de los puntos clave que reclama el sector energético. En un reciente foro organizado por elEconomista, el presidente de Red Eléctrica Española (REE), José Folgado, pidió al Gobierno que estudie una reforma fiscal en la que se repiense el impuesto del 7% sobre la energía generada durante la elaboración de la nueva ley de transición energética, una reclamación en la que coincide prácticamente con todo el sector, que asegura no poder competir en igualdad de condiciones y acabar importando electricidad y compensando centrales paradas que de otro modo podrían operar.

En este sentido, el máximo ejecutivo de REE señala que "los impuestos específicos tienen que implantarse por razones que los justifiquen, como el del tabaco o el del alcohol, pero el impuesto a la energía debe ser repensado, que pueda modularse y que se tenga en cuenta en la comisión de expertos que está elaborando la ley".

Entre otras medidas sobre las que se debería articular la nueva normativa, Folgado también apostó por un aumento de la eficiencia en el consumo energético, con medidas dirigidas a la construcción y el consumo de los hogares, el desarrollo de un programa de rehabilitación de edificios, el cambio del alumbrado público por luces led.

Además, el presidente de REE resalta la importancia de la introducción gradual de las energías renovables, a la vez que señala algunos de los problemas que acarrean derivados de la dificultad de la gestión, muy dependiente del clima del país. Por ello, se mostró partidario de mejorar el almacenamiento y apostar por las interconexiones, así como dar protagonismo al ciclo combinado con gas. También advirtió de la necesidad de contar con mecanismos de gestión de la demanda energética.

Otra de las medidas a tener en cuenta por el Gobierno y la comisión de expertos, según Folgado, es el tema de la movilidad sostenible. En esta línea, destacó la importancia de mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril, aunque adelantó que se va a poner en marcha un programa de nuevas inversiones para mejorar la red ferroviaria y el acceso a los puertos.

El sector eléctrico, entretanto, mantiene la tensión al Gobierno y los enfrentamientos no tardarán en producirse entre los que defienden que se mantenga el carbón y la nuclear hasta que las renovables tengan una mayor presencia o aquellos que apuestan por el cierre para reforzar las tecnologías de gas.

El debate está abierto y no será tranquilo. La sequía y la escasez de energía verde provocarán una fuerte subida en los precios de la electricidad, que hará que la futura ley de cambio climático gane un amplio protagonismo en los próximos meses. El Gobierno lo sabe y la presión para eliminar las tarifas reguladas desde Bruselas le dará una oportunidad única para retirar definitivamente las tarifas de último recurso.


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