May mide concesiones para desatascar el Brexit sin que se le rebelen en casa

  • Se reúne con altos cargos de la UE para explorar acuerdos comerciales
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La salida de Reino Unido de la Unión Europea afronta esta jornada en Bruselas la enésima hora de la verdad. Theresa May cruza el Canal de la Mancha para intentar desatascar un proceso que lleva encallado desde el principio. De conseguirlo, el Consejo de la UE de la semana próxima podría autorizar el paso de las negociaciones al análisis del futuro encaje comercial. De no convencer a la plana mayor comunitaria de su intención de aceptar las garantías demandadas, cualquier progreso tendría que esperar a marzo.

La primera ministra tiene relativamente sencillo evitar este final: tan solo tiene que claudicar. El problema es que, de hacerlo, no solo envalentonaría a los eurófobos en casa, sino que podría poner en peligro la propia continuidad de su gobierno, si los unionistas del Ulster, de quienes depende desde junio, dada su falta de mayoría en Westminster, reprueban la solución para la frontera de Irlanda.

Las posibilidades de fracasar aumentan si May intenta complacer a todos. El reto en sí mismo imposibilita ofrecer una solución que no halle oposición, sobre todo ante un Parlamento altamente fracturado entre quienes quieren una ruptura limpia y aquellos que abogan por mantener los lazos lo más estrecho posibles, algunos hasta tal punto que, internamente, desean evidenciar que el resultado del referéndum fue un error y que lo mejor para enmendarlo es hacer como que la consulta nunca tuvo lugar.

Este ansia es compartida por no pocos líderes empresariales y, de acuerdo con las encuestas, un creciente porcentaje de quienes habían votado Brexit, pero el Ejecutivo, con May a la cabeza, continúa considerando que sugerir siquiera paralizar el proceso sería un atentado contra la voluntad democrática expresada el 23 de junio de 2016.

De ahí que, en las últimas semanas, haya elevado los esfuerzos diplomáticos para tratar de pergeñar un mínimo progreso que, al menos, le evite volver de Bruselas con las manos vacías en la cumbre del 14 y 15 de diciembre. Su estrategia ha sido más astuta de lo que había evidenciado en los meses anteriores: la beligerancia y las ínfulas de reivindicación nacional han dado paso a una actitud más conciliadora y la retórica con la que Londres amenazaba con salir sin acuerdo se ha transformado en una colaboración para garantizar el bien común.

El cambio, no obstante, resultaba inevitable. Hasta ahora, las conversaciones han demostrado ser un proceso de persuasión por parte de una UE que ha evidenciado una inusitada unidad. La plana mayor comunitaria no ha concertado opciones con Reino Unido, sino que le ha hecho saber qué quiere.

Como consecuencia, hasta que no acepte lo que sus futuros ex socios demandan, el proceso puede continuar encallado. Y a Bruselas no le conviene que su primer divorcio acabe de una manera caótica, sin acuerdo y sin una solución económica. Después de todo, los que más tiene que perder son los británicos: no tendrían el actual acceso privilegiado al mercado común, verían la imposición de costosas tarifas y, lo que es peor, pasarían a operar bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio.

La presión del sector privado

Algunos de los integrantes del núcleo duro pro-Brexit han declarado que este desenlace no sería necesariamente malo, pero la presión que May ha recibido en los últimos meses para que lo evite, especialmente por parte de un sector privado que la ha advertido de un éxodo empresarial en cadena, ha convencido a la premier de la conveniencia de aceptar concesiones.

Esta transformación operada en May resulta evidente ante las cada vez mayores pruebas de que esta dispuesta, por falta de alternativa, a aceptar lo que imponga Bruselas. Si hasta ahora el debate económico constituía el principal punto de fricción, Downing Street se ha encargado de hacer circular el mensaje de que el dinero no será ya un problema. Los 50.000 millones de factura por el divorcio que hasta no hace mucho se consideraba una extorsión se han convertido en un precio razonable.

La primera ministra ha obtenido la autorización para desembolsarlo hasta de los miembros más anti-UE de su gabinete. El problema es que estos han vinculado el saldo financiero a la satisfacción en torno a la nueva relación comercial, una asociación que la UE ha avisado ya de que no tiene sentido: para los negociadores comunitarios, un elemento son los compromisos asumidos, por los que Londres debe pagar, y otro muy diferente qué modelo puedan hallar en el futuro para que la segunda economía del continente pueda operar con el mayor bloque comercial del mundo.


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