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La fundación de estudios de economía aplicada defiende que la renta mínima sea compatible con el trabajo

14/11/2017 - 12:48

- Considera que se podría priorizar el gasto en educación y sanidad

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde Ruiz, defendió este martes que la implantación de una renta mínima por parte del Estado debería ser compatible con el trabajo para no desincentivar la aceptación de empleos por parte de los beneficiarios.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados en relación a la proposición de ley promovida por los sindicatos CCOO y UGT para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la seguridad social, también conocida como renta mínima, Conde defendió la motivación y objetivos de la propuesta al señalar que España está por encima de la media de la Unión Europea en personas en riesgo de pobreza y parados de larga duración, por lo que consideró conveniente garantizar a esas personas unos ingresos básicos.

Sin embargo, Conde indicó que la propuesta presentada "no está bien diseñada" en lo referente a la falta de incentivos que supondría para las comunidades autónomas y los beneficiarios.

En este sentido, Conde señaló que la propuesta actual desincentivaría a las comunidades autónomas a gastar en programas de protección social, abandonando su corresponsabilidad y dejando el gasto al Estado, por lo que indicó la necesidad de que la renta mínima se diseñe y funcione conjuntamente con las comunidades autónomas en su gestión y financiación, y que no sea solo el Estado quien la asuma.

En segundo lugar, el subdirector de Fedea destacó el desincentivo que la renta mínima tal y como está planteada en la propuesta original supondría para que el beneficiario acepte un trabajo por el que vaya a cobrar una renta similar. Para corregir este efecto, Conde propuso que no se retire el 100% de la prestación a quien encuentre trabajo, sino solo una parte, para así aumentar la renta total del trabajador e incentivar la motivación para aceptar el empleo.

En esta misma línea, Conde también indicó que se deberían endurecer las sanciones a quienes no acepten un trabajo o una acción formativa, así como los requisitos de entrada controlando a los miembros del hogar.

INVERTIR MÁS EN EDUCACIÓN Y SANIDAD

Por otro lado, el subdirector de Fedea estimó que el coste máximo que podría alcanzar la implantación de la medida sería de 17.000 millones de euros y que, según los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año, 1,3 millones de personas inactivas podrían activarse para percibir la prestación y sumarse a los desempleados de larga duración.

Así, Conde consideró que este coste "podría situar el gasto en niveles extremadamente elevados", lo que unido a que "la crisis fiscal de España está lejos de estar resuelta, con una deuda pública por encima del 100% del PIB", harían recomendable , en su opinión, la introducción progresiva del colectivo de beneficiarios para controlar el gasto y el fraude que podría conllevar su implantación. En este mismo sentido, Conde también mencionó la opción de priorizar el gasto en aumentar la inversión en educación y sanidad, ámbitos en los que España está por debajo de la media europea, como forma de luchar contra la pobreza.

(SERVIMEDIA)

14-NOV-17

IPS/gja


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