El déficit, en riesgo de irse al 4% este año por la banca y la quiebra de peajes

  • La UE obliga a reflejar en el desvío presupuestario las ayudas financieras
  • Preocupación en el Congreso por el severo deterioro del Banco Popular

El déficit público, que debe situarse en el 3,1% al término del año, podría encaramarse al entorno del 4% si dos problemas se agravan: la quiebra de los peajes, que será resuelta con intervención pública; y las ayudas al sector financiero, que el Banco de España valora en unos 1.100 millones, pero que podrían elevarse considerablemente si la situación del Banco Popular, en horas bajas, continúa deteriorándose. FMI: "El ratio de deuda en España es aún muy elevado y requiere más ajustes".

El Gobierno, en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas hace ahora diez días, reconoce que las ayudas financieras "y otras operaciones" one off (las que afectan al presupuesto, pero solo durante un ejercicio) costarán este año en torno a 3.700 millones, si bien no especifica qué cantidad se dedicará a cubrir los flecos del rescate financiero; y qué otra servirá para paliar el agujero de las autopistas.

Fomento se halla estos meses ideando soluciones para que la responsabilidad patrimonial del Estado en los peajes sea la menor posible, y calcula que el coste de su intervención no sobrepasará los 2.100 millones. Pero está por ver que lo consiga, pues otras fuentes, como la patronal Seopan, hablan incluso de 5.000 millones. A día de hoy, hasta ocho empresas que gestionan nueve autopistas se han declarado en suspensión de pagos. Están las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), pero también la M-12 que facilita el acceso al aeropuerto de Barajas; la vía Almería-Vera, la AP 36 y la circunvalación de Alicante. Dos de ellas, la R-3 y R-5 madrileñas, están incluso en fase de liquidación.

A sabiendas de que la solución a esas quiebras pasaba únicamente por el apoyo público, los distintos gobiernos han ido demorando ese escenario para no asumir el enorme coste político de rescatar unas infraestructuras que, además, habían sido impulsadas por La Moncloa (en 2003, con José María Azbar). Ni José Blanco ni Ana Pastor, los dos últimos ministros de Fomento, supieron o quisieron solventar el problema, confiando en que la recuperación económica devolvería el tráfico a las autopistas. Solo el nuevo titular de la cartera, Íñigo de la Serna, ha mostrado su intención de tapar el agujero, tras corroborar que ni siquiera el avance del PIB de los últimos tres años no ha servido para corregir las pérdidas de las concesionarias.

Pendientes de la banca

Sin embargo, la quiebra de las autopistas de peaje puede convertirse en secundaria si la situación del Banco Popular, que llegó a dejarse un tercio de su valor en bolsa en solo diez sesiones, sigue deteriorándose. Fuentes parlamentarias cercanas al Gobierno reconocen "cierta preocupación", aunque "en ningún caso" la situación se parece a la de Bankia en 2012. Entonces, con una imagen de España muy dañada, la crisis de la entidad arrastró a la prima de riesgo hasta niveles insostenibles y acabó provocando un agujero adicional en la economía. "Hoy podemos tener, a lo sumo, problemas con el déficit y Bruselas", dicen esas fuentes.

Si Popular sufre un deterioro adicional y falla en sus planes de recapitalización (está por ver después de la compra del 3% del capital por parte del grupo chileno Luksic) , el Estado puede verse comprometido de dos maneras. Una sería más desfavorable, con Economía pilotando una intervención que sanee balances; elimine activos tóxicos; devuelva los ratios de capital a nivel de máxima solvencia; y garantice provisiones; acciones éstas que requerirían una inyección elevada. Teniendo en cuenta el tamaño de la entidad, la operación podría compararse a la que en su día se llevó a cabo con CatalunyaCaixa (costó 12.000 millones).

La otra solución, menos costosa, otorgaría al Estado un papel menos relevante, apoyando una fusión a través de pactos con otras compañías. En este sentido, fuentes del sector explican que el Gobierno "está muy preocupado por el déficit", y antes de intervenir Popular "nos sentaría a las grandes entidades para ver quien puede hacerse cargo". En cualquier caso, el coste superaría los 3.000 millones que hoy dice necesitar Emilio Saracho.


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Comentarios 1

#1
08-05-2017 / 13:28
El Yo
Puntuación 0

Artículo para echarlo directamente a la basura.






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