C's cree que cambiar el IVA de los refrescos recaudaría más que otro impuesto

EFE
14/01/2017 - 12:30

Madrid, 14 ene (EFE).- Ciudadanos considera que un cambio en el tramo del IVA que pagan las bebidas azucaradas supondría una recaudación de 500 millones anuales, superior a los 200 millones que prevé ingresar el Gobierno con la creación de un nuevo impuesto sobre los refrescos.

"Nosotros no estamos a favor ni de crear un nuevo impuesto ni de subir el IVA, pero si lo que se quiere es aumentar la recaudación esta segunda vía es mucho más sencilla", ha advertido el portavoz de Fiscalidad del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre.

En una entrevista con EFE, De la Torre ha incidido en el coste y la complejidad que supone crear un gravamen que conllevaría un sistema de control, con interventores y documentos normalizados, que garantice el pago del impuesto al salir de fábrica o durante su circulación.

Señala que Ciudadanos no aceptará este nuevo gravamen y recuerda que las bebidas azucaradas en España están sometidas a un IVA reducido del 10 % mientras que en países como Francia, Alemania o Italia pagan el tipo general.

"Si quieres recaudar más, ¿por qué no se ponen las bebidas azucaradas al tipo general en lugar de crear todo el montaje de un nuevo impuesto?", se pregunta De la Torre.

Al nuevo impuesto de bebidas azucaradas se suma la intención del Ejecutivo de reformar la imposición medioambiental para recaudar 500 millones de euros y que Ciudadanos teme que esconda una subida del impuesto de hidrocarburos.

"Estaríamos en contra de un aumento de este impuesto porque sería indiscriminado", ha anunciado De la Torre, que aboga por una transformación en el impuesto de matriculación que grave los vehículos más contaminantes.

Con respecto a la prohibición a las empresas de aplazar deudas tributarias aprobada en diciembre, De la Torre ha considerado que "toda esta regulación es una chapuza", ya que supone "cortar una de las vías de financiación" de autónomos y pequeñas empresas.

Esta misma semana, la Agencia Tributaria ha avanzado que ultima una instrucción de uso interno en la que explica a sus funcionarios que las solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias de hasta 30.000 euros se seguirán admitiendo automáticamente sin necesidad de aportar garantías y se pagarán en 12 mensualidades en el caso de las personas físicas y 6 mensualidades en el de las jurídicas.

Ante esto, Ciudadanos pedirá la próxima semana la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para que expliquen urgentemente en qué condiciones pymes y autónomos podrán aplazar sus deudas con Hacienda.

En cualquier caso, Ciudadanos considera que a medio plazo será necesario modificar el real decreto en el que se prohibían los aplazamientos con una norma de igual o mayor rango, por lo que incluirá una enmienda en el proyecto de ley de autónomos para "limar", al menos, dos aspectos.

En primer lugar, que la prohibición de aplazar deudas a las empresas sujetas a los pagos fraccionados del impuesto de sociedades se restrinja a este impuesto y no a todas las deudas tributarias, como refleja actualmente la ley.

En segundo lugar, que se permita aplazar pequeñas cantidades de IVA sin necesidad de aportar justificación de no haber cobrado la factura, como ya prevé la instrucción de la Agencia Tributaria, para evitar su "colapso".

El diputado también ha cuestionado la pertinencia de la medida, dado que el Estado se financia prácticamente gratis y los aplazamientos pagan un interés de demora del 3,75 % o del 3,25 % en caso de que presenten aval bancario.

De hecho, Ciudadanos cree que esta medida podría incrementar la deuda pendiente de cobro de la Agencia Tributaria -que al cierre de 2015 ascendía a 49.271 millones de euros-, ya que algunas pequeñas y medianas empresas podrían incurrir en impago de sus impuestos al dificultarles la posibilidad de flexibilizar los abonos.

No obstante, la formación naranja afirma que el Gobierno les ha garantizado que en que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 habrá un aumento de 100 millones de euros en la partida destinada a luchar contra el fraude.


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