El Gobierno comienza el trámite para que los autónomos tengan derecho a paro y protección social

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María Teresa Fernández de la Vega ha presentado el anteproyecto en el Consejo de Ministros de hoy. Foto:eE

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El Gobierno y asociaciones de autónomos firman un acuerdo para el Estatuto (26/09)

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El Ejecutivo ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el ateproyecto de ley sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo, que reconoce el derecho a la jubilación anticipada y prevé un futuro sistema específico por cese de actividad (paro).

Más de tres millones de españoles se verán afectados por el anteproyecto de ley sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado hoy en el Consejo de Ministros. El objetivo es "favorecer la cultura emprendedora" y reconocer "el valor de los que se lanzan a crear y mantener su propio puesto de trabajo".

La vicepresidenta primera del Gobierno resaltó el carácter "profundamente solidario, pionero e innovador" de la norma, que el Ejecutivo espera que entre en vigor en la primavera de 2007. La ley, insistió, permitirá a los autónomos acogerse a las normas de conciliación de vida laboral y familiar.

Entre otros aspectos destacables, el Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce el derecho a la jubilación anticipada a todos aquellos que desarrollen actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa, en los mismos supuestos y condiciones que están establecidas para los trabajadores por cuenta ajena.

También regula el régimen profesional del trabajador autónomo dependiente, aquel cuyos ingresos dependen en al menos un 75% de un único cliente. Estos trabajadores tendrán una protección específica, de forma que podrán disfrutar de hasta 15 días de vacaciones al año, y de una indemnización en caso de que su contrato de trabajo sea rescindido injustificadamente.

Asimismo, podrán pactar sus condiciones laborales mediante acuerdos de interés profesional, que podrán ser suscritos entre las asociaciones de autónomos u organizaciones sindicales y las empresas, siempre que no atenten contra la Ley de Defensa de la Competencia.

Derecho a paro

Otra de las novedades de este Estatuto es que en él el Gobierno se compromete a poner en marcha en un futuro un sistema específico de protección por cese de actividad para los autónomos. La intención del Ejecutivo es elaborar una serie de estudios y encuestas entre el colectivo para conocer sus preferencias, pues se trataría, en todo caso, de un sistema financiado por los propios autónomos, obligatorio, universal y con un tipo de cotización específico.

La norma establece qué se entiende por trabajador autónomo, regula las reglas de prevención de riesgos laborales y establece garantías económicas para el trabajador autónomo en los casos de obras subcontratadas.

Protección social

En materia de protección social, se introducen medidas dirigidas a avanzar en la convergencia entre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Régimen General de la Seguridad Social. Se pretende extender a todos los autónomos la protección social por incapacidad temporal, y establece también cobertura por accidente de trabajo o enfermedad profesional a los autónomos económicamente dependientes.

Además, se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social a determinados colectivos, entre ellos los hijos de trabajadores autónomos menores de 30 años que comiencen a trabajar en el negocio familiar, y aquellos autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a domicilio.

El principio de un largo camino

La norma que regulará los derechos y deberes de los trabajadores por cuenta propia será remitida ahora al Consejo Económico y Social (CES), al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) para sus dictámenes correspondientes. Posteriormente volverá al Consejo de Ministros, donde será aprobada ya como proyecto de ley, iniciando así su trámite parlamentario. El Ejecutivo prevé que el Estatuto entre en vigor en la primavera de 2007.

El anteproyecto ha recibido el apoyo de la organizaciones de autónomos ATA y UPTA, que han negociado el texto, así como de Asnepa, que, no obstante, ha reclamado "mejoras sustanciosas" en la ley cuando ésta se tramite en las Cortes. Por su parte, la CEAT, organización perteneciente a la CEOE, se ha mostrado en desacuerdo con el borrador final, al considerarlo contrario a sus planteamientos asociativos.

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