Las comunidades autónomas perderán sólo el 1,23% de su recaudación tributaria

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Tras una larga polémica a propósito de si la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio era una medida de derechas o de izquierdas, liberal o progresista, o perteneciente al PSOE o al PP, al final se ha llevado a cabo. El proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 14 decreta la eliminación de este tributo desde el 1 de enero de 2008.

El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, su nombre completo, ha pasado definitivamente a la historia, excepto en los regímenes forales vasco y navarro.

Esta historia comenzó en 1977 y ha terminado 30 años después, cuando el tributo estaba en manos de las comunidades autónomas desde el 1 de enero de 2002, fecha de entrada en vigor del modelo de financiación autonómica, todavía vigente. El Estado, como ocurre con todos los tributos cedidos, se reservó la normativa básica.

Las arcas autonómicas no sufrirán demasiado por su desaparición, ya que sólo suponía el 1,23% de sus ingresos. Con el 33% del IRPF, las autonomías consiguen casi un 20% de la recaudación total y con el 35% del IVA, el 18%.

A pesar de contar con competencia para actuar sobre la tarifa del impuesto, únicamente Cantabria y Madrid han reducido la misma, lo que indica que la utilización de la capacidad normativa autonómica sobre este gravamen ha sido muy escasa.

Ritmo bajo de crecimiento

En total, se calcula que el Impuesto sobre el Patrimonio aportaría este año unos ingresos cercanos a los 1.800 millones de euros. En el ejercicio de 2006, penúltimo de su historia, los ingresos fueron 1.661 millones de euros, con lo que el ritmo de crecimiento es de un 8%, en unos años en los que la recaudación tributaria general se ha incrementado por encima del 11%. La recaudación de Patrimonio representa, por tanto, una tercera parte del coste de la rebaja en las retenciones del IRPF de 400 euros, ya en vigor, argumentan los "enemigos" del tributo.

En cuanto al número de declarantes, el crecimiento tampoco ha ido parejo al incremento de la riqueza nacional en los últimos años. En 2005, año en el que hubo 17 millones de contribuyentes, solamente pagaron el Impuesto sobre Patrimonio 941.101. Este año, los obligados a declarar eran 1,2 millones de contribuyentes, si bien hay que tener en cuenta que algunos de ellos podían resultar con cuota cero. Están obligados a declarar los contribuyentes que cuenten con un patrimonio superior a 108.182 euros o derechos sobre bienes superiores a 601.012 euros.

Los defensores de la supresión de este tributo explican que esta evolución tan lenta ha existido desde su creación en 1977. Aquel año, en el que se realizó una profunda reforma fiscal que instauró las bases del sistema tributario actual, la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal lo estableció "con carácter excepcional y transitorio". No fue hasta el año 1991 cuando el impuesto se configuró definitivamente.

Función censal

Una de sus principales funciones era establecer un censo de contribuyentes "con una capacidad de pago adicional que la posesión de patrimonio supone", una vez gravada la renta anual.

Ese carácter de control, necesario hace 30 años, ha dejado de tener sentido en la actualidad. "La Administración tributaria cuenta con medios suficientes para conocer los patrimonios y las rentas de los contribuyentes y muchos intermediarios que suministran información", señala Luis del Amo, del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). "Ahora, incluso, se van a poder conocer los saldos medios de las cuentas bancarias a 31 de diciembre, porque ya existen modelos informáticos para ello".

Otra de las razones por las que el impuesto ha quedado desfasado, afirman sus detractores, son sus tipos impositivos. Se han mantenido -salvo en Cantabria y Madrid- los mismos que cuando los tipos de interés estaban en torno al 18%. Con el precio del dinero mucho más bajo y la inflación más contenida que hace décadas, "es injusto y trasnochado", dicen, que se grave con el mismo tipo.

Además, existe otro motivo que ha motivado su eliminación: la huida de capitales personales procedentes del exterior, declaran en el REAF. El propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, esgrimió la semana pasada el mismo argumento para explicar la supresión del impuesto.

Pero no todo el mundo opina lo mismo. La asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la eliminación de Patrimonio es un error. Contradice uno de los argumentos de los detractores como es que, en la actualidad, el impuesto gravaba también a las clases medias y no sólo a las altas. En realidad, el 65% de los contribuyentes de Patrimonio lo son por tener un patrimonio superior a 1,5 millones de euros. La IHE propone que, para que ello no ocurra y sea un auténtico gravamen de grandes fortunas, el mínimo exento sea de tres millones de euros.

Trabajo y ahorro

Los inspectores de esta asociación argumentan, asimismo, que a partir de ahora se va a producir una injusticia: una renta de trabajo alta, por ejemplo de 100.000 euros anuales, tributará al tipo máximo del IRPF, es decir, al 43%, mientras que un "pelotazo" de un millón de euros tributará al tipo de las rentas de capital, un 18%.

Los sindicatos también se han quejado por la medida. UGT ha declarado que la supresión va a suponen "una merma de ingresos públicos" y CCOO ha señalado que la eliminación "es una buena noticia para una minoría".

En todo caso, España se suma así a la mayoría de los países europeos que ya han eliminado gravámenes similares. Tan sólo Francia mantiene un impuesto a las grandes fortunas.

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