Economía.- La AHE cree que el proyecto sobre contratación de préstamos protege al consumidor pero presenta "debilidades"

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) subrayó hoy que el proyecto de Ley que regula la contratación de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación protege a los consumidores, pero que, a su juicio, presenta "algunas debilidades" en materia de supervisión supervisión o en la idoneidad de los consejeros de las entidades.

La asociación consideró hoy que el proyecto mejora de manera "muy sustancial" el anteproyecto sometido a consulta pública el 16 de Mayo de 2007 y que no sólo ofrece un nivel de protección "satisfactorio" para los consumidores, sino que se aproxima "razonablemente" al que tienen con las entidades de crédito. Sin embargo, resaltó la importancia de que los puntos débiles que presenta se subsanen en su tramitación parlamentaria.

El Boletín de las Cortes publica hoy este proyecto, que pretende extender las garantías de transparencia y defensa, de las que ya gozan los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios con las entidades de crédito a las operaciones que se contraten con otras personas físicas o jurídicas ajenas a este sistema o mediante intermediarios financieros.

En concreto, la AHE resalta que el proyecto no contempla ningún requisito específico de idoneidad para los consejeros de unas entidades que, por el tipo de actividad que van a realizar, a su juicio, "convendría definir".

Asimismo, destacan que parece muy "endeble" la definición, objetivos, contenido y función de los 'registros públicos de empresas' y que el régimen de supervisión es, a priori, "escasamente adecuado" para garantizar que se cumplan los objetivos de transparencia y otras responsabilidades asociadas al tipo de actividad que van a desarrollar.

La AHE indicó hoy que confía en que la redacción definitiva que surja del Parlamento cubra las "lagunas actuales" y contribuya a dar la máxima seguridad posible a los ciudadanos en la utilización de unos servicios de "evidente trascendencia económica y social".

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