Economía/Fiscal.- El Gobierno no logra acuerdos con Panamá para retirarle la etiqueta de paraíso fiscal

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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno no ha logrado alcanzar ningún acuerdo con Panamá acerca del intercambio de información tributaria para permitir que el país americano deje de formar parte de la lista de paraísos fiscales, a pesar de que ha mantenido contactos con su Gobierno, según una respuesta escrita al diputado de IU, Gaspar LLamazares.

En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que según la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal no tendrán la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

El Ejecutivo reconoce "haber trabajado" con el Gobierno panameño para lograr estos compromisos pero no se ha alcanzado consenso sobre un texto que cumpliese los "mínimos" que habitualmente exige España en materia de información.

No obstante, el Gobierno ha sellado sendos acuerdos con Malta y las Antillas Holandesas, y mantiene contactos abiertos con otros "numerosos países" en esta misma situación.

A juicio de Llamazares, Panamá es uno de esos países que se caracteriza en materia tributaria por promover medidas "desfiscalizadoras" caracterizadas por la opacidad y la negativa a la cooperar en el suministro de información, lo que supone la "verdadera gangrena" de los principios de suficiencia, equidad y progresividad de un sistema fiscal.

LA CONEXION TAGUAS.

En este sentido, acusó al Ejecutivo de ceder ante las exigencias de la patronal de la construcción, Seopan, de retirar la calificación de paraíso fiscal a Panamá, para facilitar así que compañías españolas puedan participar en la obras de ampliación del canal de tráfico marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Por este motivo, instó al Gobierno a aclarar si se conformaría con reformas "superficiales" con tal de poder optar a la licitación de la obras, en línea con lo que le reclama el "lobby de las grandes empresas constructoras", extremo que el Ejecutivo niega en su respuesta recordando que el ordenamiento jurídico español contiene diversas "previsiones legales" al respecto.

LLamazares registró esta batería de preguntas en plena polémica por el nombramiento del ex director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, al frente de Seopan, un 'fichaje' que motivó incluso un debate parlamentario para su reprobación que el PSOE logró salvar sólo gracias al apoyo de CiU.

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