Rodrigo Rato niega trato de favor a Banesto en la compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta

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El ex ministro de Economía y Hacienda y anterior director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, declaró hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que no existió trato de favor alguno hacia los directivos de Banesto en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta en 1999, según informaron fuentes de la defensa tras su comparecencia.

La defensa aporta una carta firmada en 1996 por María Teresa Fernández De la Vega, entonces secretaria de Estado de Justicia, para demostrar que no hubo favor.

Rato compareció durante una hora ante el juez instructor José Sierra como imputado, dentro de la causa que investiga el presunto pago sobrevalorado por parte del banco a la familia Rato durante la compra de dicha participación. Tras él compareció su hermano Ramón, en calidad de imputado.

Rodrigo Rato explicó a preguntas del juez que desconocía la operación, ya que era su hermano quien gestionaba la venta, y declaró que su relación con el presidente del grupo Santander (SAN.MC), Emilio Botín, era meramente institucional.

Por su parte, Ramón Rato afirmó conocer "desde hace años" a Botín y explicó que durante las gestiones de la adquisición del 45,3% de Aguas de Fuensanta por parte de Banesto (BTO.MC)"sólo se reunió una vez" con su hermano Rodrigo para informarle, según fuentes jurídicas.

Fuentes de la defensa de los hermanos Rato explicaron que la adquisición de la participación en Aguas de Fuensanta fue para "evitar la ejecución" de un crédito contraído por la familia Rato con Banesto, durante la época de Mario Conde, y que ni la entidad ni sus defendidos "salieron beneficiados" de la operación.

Según el relato de la defensa, tras la compra de Banesto por el banco Santander en 1994 la entidad "endureció la recuperación de los créditos", por lo que la familia Rato dispuso su participación en Aguas de Fuensanta como garantía.

Las mismas fuentes mantienen que Banesto pagó "a un precio menor al de mercado" el 45,3% de la empresa y que desembolsó 4,6 millones de euros. Asimismo, explicaron que entre 1996 y 1997 Aguas de Fuensanta valía entre 15 y 18 millones de euros y que en 1999 la valoración por el 100% de la empresa bajó a 9 millones de euros.

Ausencia de trato de favor

Para demostrar la ausencia de trato de favor, la defensa de los hermanos Rato ha aportado a la causa una carta firmada el 25 de abril de 1996 por la entonces secretaria de Estado de Justicia y actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que ordena al Abogado del Estado pedir el sobreseimiento de la causa contra el banco Santander por el caso de las cesiones de crédito, archivado por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre.

Los querellantes acusan a los directivos del grupo Santander y los consejeros de Banesto de tratar de "ganarse el favor de Rato" para, entre otros supuestos beneficios, evitar su procesamiento en el caso de las cesiones de crédito pagando un precio que suponía valorar el 100% de la sociedad en 13,2 millones de euros cuando la empresa registraba deudas por valor de 9,4 millones de euros.

En la misiva, De la Vega ordenaba, un mes antes de que Rato fuera nombrado ministro de Economía, "no dirigir acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública contra la entidad bancaria o sus representantes" y la remisión de las actuaciones contra cada uno de los clientes que compró el producto de las cesiones de crédito a los respectivos Juzgados de Instrucción.

La defensa mantiene que la carta "demuestra que no hubo favor político por favor económico", ya que Rato todavía no había sido nombrado ministro de Economía tras el triunfo de José María Aznar en las elecciones generales celebradas el 3 de marzo de 1996.

La causa penal, está motivada por la querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada en 2005 por Antonio Panea. Los querellantes mantienen que Banesto adquirió el 45,3% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa presentaba situación de quiebra técnica y que los 6 millones de euros pagados por la participación no estaban justificados.

En la causa están imputadas 15 personas, entre las que se encuentran el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter (BKT.MC), Jaime Botín, el consejero delegado del banco Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, y el vicepresidente tercero de Santander y consejero de Banesto, Matías Rodríguez Inciarte, entre otros.

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