Caso filatelia. consumo destaca que la sentencia del supremo mantiene ayudas por valor de 700.000 euros

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MADRID, 27 (SERVIMEDIA) El Instituto Nacional de Consumo (INC), destacó hoy que, aunque la sentencia del Tribunal Supremo anula las ayudas destinadas al proceso judicial, confirma la legalidad de la actuación de la Administración pública de regular la concesión de ayudas de 700.000 euros a las asociaciones más representativas, es decir, las integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, para asesoramiento y apoyo a los afectados.

Un portavoz del INC explicó a Servimedia que los servicios jurídicos del Estado estudian la sentencia y que, por ello, Consumo no ha procedido todavía a reclamar la devolución del dinero a las asociaciones de consumidores. Además, indicó que la anulación del Supremo responde a problemas de forma en la concesión de las ayudas.

El Tribunal Supremo ha declarado parcialmente nulo el Real Decreto por el que el Gobierno regulaba la concesión de subvenciones de dos millones de euros a las asociaciones de consumidores y usuarios para asesoramiento y apoyo a los afectados de Fórum y Afinsa. En concreto, el fallo afecta a la partida de 1,3 millones de euros concedida en concepto de gastos de procedimientos judiciales.

El recurso que ha provocado esta decisión judicial fue presentado por Ausbanc que, además de alegar defectos formales en la tramitación, imputaba al Gobierno haber actuado con desviación de poder y realizar prácticas desleales y abusivas de la competencia.

Frente a ello, el Tribunal Supremo confirma en su sentencia que el Real Decreto impugnado expresa las razones que justifican que se subvencione a las organizaciones de consumidores más representativas a nivel nacional, que públicamente se ofrecieron a asesorar a los afectados de forma gratuita.

El Alto Tribunal considera expresamente que, si los medios de las asociaciones de consumidores y usuarios no son suficientes para hacer frente a un volumen de reclamaciones simultáneo tan elevado como el que se estaba produciendo, "es lógica la opción de que los fondos públicos, siempre limitados, se destinen a aquellas organizaciones que, por ser las más representativas a nivel nacional, habían de ser receptoras de un número significativamente mayor de solicitudes de asesoramiento".

El objeto del Real Decreto parcialmente anulado, aprobado por el Consejo de Ministros de forma inmediata a la intervención judicial dada la urgencia de la situación, no era otro que prestar apoyo a las citadas asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de dotarlas de medios para hacer frente a una situación excepcional con más de 350.000 afectados.

Como señala el Tribunal Supremo, las asociaciones habían ofrecido con anterioridad asesoramiento gratuito a los afectados.

Para el INC, las organizaciones de consumidores y usuarios integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios han realizado eficientemente el compromiso asumido con los afectados, representando a más de 180.000 personas.

(SERVIMEDIA) 27-FEB-2008 JBM/isp

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