La Comisión Nacional de Energía ha dado su visto bueno a la propuesta de Real Decreto por el que se va a actualizar la regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, pero ha lanzado una serie de propuestas para mejorar su contenido.
Primera y principal, que la facturación a los clientes se realice con una periodicidad mensual y que no se estime la lectura de su consumo, sino que se facture en relación a la lectura real del contador.
Esta medida se aplicaría en todos los casos, salvo que no se disponga de equipo con capacidad de telemedida y telegestión, en cuyo caso sería bimensual.
El regulador también reclama que el bono social se vincule a criterios de renta y no por el sistema actual de reparto, y pide que se mantenga el precio disuasorio actual para acudir forzar a acudir al mercado libre a las administraciones y evitar que se amplíen los plazos máximos previstos para que se produzca la suspensión del suministro.
Nueva contratación
La CNE quiere también un nuevo sistema de contratación telefónica, electrónica y telemática del suministro de electricidad, al igual que se hizo con el gas, y reclama que se modifique el procedimiento de suspensión de suministro en caso de impago, de manera que el distribuidor sea penalizado si incumple los plazos. El regulador exige tambien más transparencia por parte del distribuidor a la hora de ofrecer un servicio de atención al consumidor sobre el suministro y pide que se establezca un proceso de coordinación entre las comunidades autónomas y la CNE para estandarizar las reclamaciones.
La institución que preside Alberto Lafuente rechaza gestionar el listado de suministros esenciales y considera que debe ser competencia del Estado, teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la seguridad y la defensa nacional.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley que regula la facturación de peajes a las instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto de régimen ordinario como especial. El objetivo es que se compense el coste incrementado que genera la actividad de estas plantas en las redes de transporte y distribución a las que están conectadas. En diciembre de 2010, y como parte de las medidas contra el déficit de tarifa para reducir los costes del sistema, el Gobierno decidió aprobar un nuevo peaje a la generación de 0,5 euros/MWh con el fin de ingresar una media de 150 millones en tres años. La gestión del cobro de la facturación de peajes de acceso a la actividad de generación es diferente con respecto a la facturación de peajes de acceso a los consumidores, por la imposibilidad de aplicar cortes a la conexión a la red de los generadores, como medida disuasoria de posibles impagos de lo facturado. Para evitarlo, establece un mecanismo que permite garantizar el cobro de dichos importes facturados por las centrales energéticas.
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