Inspectores consideran agencia tributaria catalana perjudicará lucha fraude

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Madrid, 16 jul (EFECOM).- Los Inspectores de Hacienda del Estado advierten de que la creación de una agencia tributaria catalana que gestione todos los impuestos supondría "graves perjuicios" en la lucha contra el fraude fiscal.

El pasado día 11 el Parlamento catalán aprobó la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que según, el Estatuto de esta comunidad, podría colaborar con la del Estado (AEAT) en la gestión de los impuestos cedidos parcialmente.

Sin embargo, desde algunos partidos catalanes se aseguró que, en el futuro, la primera asumirá la gestión de los todos los tributos que se paguen en Cataluña.

Al respecto, los inspectores advierten hoy de que si eso sucede se atravesarían determinadas "líneas rojas que nunca deberían traspasarse".

Ponen como ejemplo el que se fraccionaría la gestión del IVA y los impuestos sociales, lo que supondría "romper la unidad de mercado".

En su opinión, el sistema de información y la caja -devoluciones y cobros- de la Administración Tributaria central deben ser únicos para poder luchar contra el fraude fiscal que se extiende por diferentes territorios.

Otra de las líneas que no deberían "traspasarse" es dividir entre varias administraciones el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas (de sociedades, sobre la renta de las personas físicas e IVA).

Por ello, los inspectores solicitan al Gobierno un pronunciamiento "claro y rotundo" en contra de la pretensión del Gobierno de Cataluña.

Según el Estatuto de Cataluña, su Agencia Tributaria se encargaría de gestionar los tributos propios y los totalmente cedidos por el Estado, caso de los de patrimonio y sucesiones.

En cuanto a los cedidos parcialmente -IRPF, IVA e impuestos especiales-, se prevé la constitución de un consorcio con participación paritaria de la Agencia Tributaria estatal y la catalana.

Fuera quedarían los tributos estatales no cedidos, como sociedades, renta de no residentes y aduanas, en los que las comunidades no tienen ninguna participación. EFECOM

jmj/prb

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