La banca no olvida la deuda de las inmobiliarias

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Sacresa solicita concurso de acreedores

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Tras la reciente solicitud del concurso de acreedores por parte de la inmobiliaria Sacresa, vuelve a quedar de relieve la delicada situación económica de las principales empresas del sector en España. Para el G14, la clave está en la financiación: "mientras los bancos no concedan créditos, no se venderán viviendas".

La bancarrota de Sacresa fue, según su volumen, la tercera mayor en la historia del sector. Y la próxima empresa que podría estar en problemas sería Nozar, que recientemente ha conocido que su concurso de acreedores ya es obligatorio, según una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid.

Después de cuatro meses de negociaciones, la empresa de la familia Nozaleda no logró comprometer a la banca para refinanciar sus 700 millones de euros de deuda. No obstante, hay compañías que han pasado situaciones aún más comprometidas.

El sector inmobiliario pide ayuda a la banca

Es el caso de la promotora Aifos, cuyos acreedores le reclamaban más de 1.000 millones de euros, o del grupo catalán Hábitat, cuyas deudas superaban los 2.300 millones.

Otros concursos de acreedores, algo más moderados, fueron los de Tremon (900 millones de deuda), Llanera (748 millones), Lábaro (700 millones), Obrum (563 millones), Begar (297 millones) o Pedralbes (154 millones), según los datos que recopila el suplemento Empresa del diario ABC este domingo.

Pero sin duda, el caso más mediático fue el de Martinsa-Fadesa, que se vio en una quiebra fulminante, al encontrarse con una deuda superior a los 7.000 millones de euros.

La clave: la financiación

El presidente del G-14, Pedro Pérez, considera que la solución del sector está fuera del mismo. "La palabra clave está en la financiación, y mientras los bancos no concedan créditos, no se venderán viviendas fácilmente y nuestra actividad seguirá sintiéndose afectada", asegura.

Entre tanto, el sector solicita que la línea ICO se extienda para financiar todo tipo de promociones de viviendas, no sólo en función de si es protegida o libre. De momento, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta.

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