Falla la fórmula del 'dinero al momento': las empresas de intermediación financiera, amenazadas por el Gobierno

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El Ejecutivo ha presentado hoy un Anteproyecto de Ley con el que regula el funcionamiento de las empresas de intermediación y reunificación de deudas, conocidas por asegurar una reducción en el importe de los préstamos, por el que podrían llegar a enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros.

La nueva ley establecerá un registro público en el tendrán que inscribirse las entidades que cubren estos servicios, y se les obligará a cumplir diversos requisitos de transparencia e información. Además, tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los incumplimientos en que puedan incurrir respecto al cliente, y cuya cantidad mínima asegurada se decidirá por orden ministerial.

En concreto, el texto prevé la creación de un registro estatal en el que figuren todas las compañías del sector, tanto extranjeras como locales; una especie de CNMV a quien deberán comunicar todas las comisiones, gastos para los clientes y los tipos de interés máximos, incluidos los de demora.

Multas de hasta 600.000 euros

Las multas a las que se enfrentarán estas empresas en caso de no cumplir los requisitos impuestos por el Anteproyecto, que tienen carácter previo -no podrán operar sino se ajustan a ellos- se han fijado entre los 15.000 y los 600.000 euros. Para las ya existentes, se especifica un periodo de adaptación de 6 meses desde que se ponga en marcha la ley.

Así, el Gobierno espera regular la proliferación este tipo de actividades, a la vez que garantizar la defensa del consumidor, que suele acudir a este tipo de servicios sin contar la suficiente.

Se prevé que la nueva normativa esté en marcha esta legislatura, una vez se haya completado el trámite de audiencia y se haya entrado en contacto con los diferentes actores del sector para llegar a las Cortes a partir de septiembre.

También para bancos y cajas

Acerca de la publicidad, la iniciativa del Ejecutivocomplementa la actual Ley de crédito al consumo y supone incorporar nuevas obligaciones en transparencia e información.

En lo que se refiere al crédito hipotecario, donde el Ministerio de Sanidad y Consumo ha reconocido "lagunas", el vacío se viene a llenar con esta iniciativa y supone trasladar a las empresas del sector las prácticas y obligaciones que ya cumplen las entidades de crédito como bancos y cajas.

En el caso del negocio de reunificación de deudas, la nueva ley traerá normas para todos, incluidos bancos y cajas, que tendrán que aportar más información sobre las condiciones y tipos de productos que ofrezcan.

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