Contra el fraude fiscal: la banca pondrá la lupa sobre transacciones de 1.000 euros

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El sistema financiero perseguirá de ahora en adelante, "con carácter general", las transacciones financieras que superen los 1.000 euros con el objetivo de evitar que el sector pueda ser utilizado para fines delectivos o terroristas.

Así aparece recogido en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Financiación del Terrorismo que ayer aprobó por unanimidad el Congreso de los Diputados y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado en las próximas horas.

Pero, además, una enmienda transaccional que pactó el Grupo Socialista con IU en el Congreso -que fue tumbada en el Senado y recuperada ayer en la Cámara Baja- va más allá. Deja la puerta abierta a que, en el reglamento de la ley, se puedan aplicar "todas o algunas de las medidas de diligencia debida" a operaciones incluso inferiores a los 1.000 euros o a transacciones que hayan acumulado esa cantidad "por periodos temporales" que se contemplan en la enmienda, pero que todavía no están fijados.

15.000 euros en metálico

Pero la banca no deberá ser la única que tendrá que permanecer vigilante y dar la voz de alarma al Ministerio de Economía y Hacienda o a otros órganos supervisores si detecta alguna irregularidad. El texto amplía las obligaciones y medidas administrativas de prevención a determinados sujetos de carácter no financiero como notarios, abogados, auditores o promotores inmobiliarios y a "todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantías superiores a 15.000 euros".

La ley -que incorpora además a la normativa española el contenido de la Directiva Europea- refuerza también el control en el caso de los cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención.

En cuanto a las medidas de diligencia debida del cliente, la norma destaca la obligación de identificar al titular real del producto u operación con medidas simplificadas, que pasarán a ser medidas reforzadas en sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero o las operaciones de cambio de divisa.

"La ley obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero", resumió ayer en el pleno el diputado de IU, Gaspar Llamazares. Además, deberán conservar los documentos sospechosos durante diez años.

"Tiene como fin evitar que los bienes que proceden de la participación en actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal", resaltó la diputada socialista Gloria Gómez, que insistió en que cada año se blanquean miles de millones a través de "actividades económicas y comerciales lícitas" como promociones inmobiliarias, bienes inmuebles, joyas, obras de arte, compra de acciones... Todas estas medidas serán extensibles a la financiación terrorista.

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