Economía.- La CNE reclama que la Ley de Economía Sostenible refuerce su potestad sobre la tarifa y para sancionar

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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de Energía (CNE) recomendó hoy que la futura Ley de Economía Sostenible refuerce su potestad tarifaria para fijar las revisiones correspondientes a la factura eléctrica y capacidad sancionadora directa, suprimiendo así el recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a sus propuestas de sanción.

El consejo del regulador energético aprobó hoy el informe sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se aborda el gobierno de los reguladores y el modelo energético sostenible, y propuso, entre otras, estas medidas para reforzar su imagen.

Actualmente la organismo presidido por María Teresa Costa sólo es competente para incoar o instruir los procedimientos y, en su caso, proponer a Industria la imposición de sanciones.

En lo que respecta a la tarifa eléctrica, la CNE se limita actualmente a proponer al titular de la potestad tarifaria, que es el Ministerio de Industria, la revisión tarifaria que estima procedente y a informar sobre los proyectos de revisión tarifaria elaborados por el Ministerio.

Asimismo, dentro de estas propuestas para reforzar su figura, propone que se establezca que los miembros del Gobierno y los altos cargos de las administraciones públicas no puedan asistir a las reuniones e los consejos de los organismos reguladores.

FORTALECER INDEPENDENCIA DE LOS REGULADORES.

En un comunicado, la CNE indica que estos cambios normativos, recogidos en el anteproyecto, "se compadecen con las nuevas directivas comunitarias, que obligan a fortalecer la independencia de los reguladores nacionales de la energía y a reforzar también sus atribuciones y competencias".

De esta manera, el informe aprobado hoy incluye entre las funciones o potestades de la que, como mínimo, debe gozar con carácter general todo organismo regulador la supervisión, la inspección, la concesión de títulos habilitantes, la resolución de conflictos, así como la potestad sancionadora.

Asimismo, señala que los organismos reguladores recibirán un mandato claro para fomentar el contacto, la colaboración y la coordinación regular y periódica con los organismos reguladores de los Estados miembros de la Unión Europea, de la Comisión Europea y de otros Estados, así como para preservar y promover el mayor grado de competencia efectiva y transparencia en el funcionamiento de los sectores económicos regulados, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de la Competencia.

Además, la CNE subraya la necesidad de reforzar en el anteproyecto la capacidad para cooperar a nivel europeo y regional, especialmente con otros reguladores nacionales, sobre cuestiones transfonterizas, así como la capacidad para dirigir a las empresas decisiones vinculantes en relación con las funciones que le atribuyen las nuevas directivas y para ejecutar las decisiones que le dirija la Agencia de Cooperación de Reguladores o la Comisión Europea, y facultades de promoción de la competencia.

MECANISMOS DE MERCADO TRANSPARENTES.

No obstante, el regulador energético afirma que el anteproyecto de Ley supone "un gran avance en el modelo energético", considerando importantes las referencias a la seguridad jurídica, en particular en lo que afecta a la promoción de las energías renovables y en la cogeneración de alta eficiencia, y en lo referente al mantenimiento de la regulación actual en lo que respecta a la planificación vinculante del transporte y las infraestructuras energéticas, y propone incluir asimismo a la actividad de distribución eléctrica.

También considera que al consumidor debe llegarle la señal de precio del mercado por medio de la actividad de comercialización, para lo que habrá que dotarse de equipos de medida inteligentes y propone incluir un artículo adicional sobre transparencia y fomento de mercados energéticos competitivos en el que se establezca que Industria, en colaboración con la propia CNE, promoverá la implantación de mecanismos de mercado transparentes y competitivos para la realización de las transacciones comerciales en todas las actividades energéticas abiertas a la competencia.

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