Repsol podría realizar un recorte contable del 4% de sus reservas

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Los cambios en la Constitución de Bolivia podrían hacer que las petroleras que operan en el país, incluida Repsol YPF, dejen de contabilizar las reservas probadas bolivianas conforme a los criterios del regulador estadounidense (SEC), aunque por el momento la petrolera española no ha recibido ninguna indicación en este sentido, indicaron a Europa Press fuentes de la compañía.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En caso de que la SEC decidiese dejar de contabilizar estas reservas como probadas, Repsol dejaría de inscribir unos 90 millones de barriles de crudo, equivalentes al 4% del total de reservas, que alcanzan los 2.209 millones de barriles de crudo o equivalente.

En todo caso, Repsol precisa que ni la SEC se ha dirigido a la compañía con esta exigencia ni la propia petrolera ha decidido hacer la revisión a la baja por voluntad propia. La controversia acerca de la posible revisión surgió después de que la brasileña Petrobras anunciase el pasado viernes un recorte de reservas en un 1,5% por la nueva normativa boliviana.

La petrolera presidida por Antonio Brufau considera que la hipotética reducción contable, de aplicarse, no tendría "ningún efecto sobre su negocio ni sobre el volumen" físico de reservas. "No hay ningún cambio de contrato y tendrá un efecto nulo sobre el negocio de la compañía", añadieron las fuentes.

A comienzos de 2006, Repsol ya se vio obligada a reducir a baja en un 25% sus reservas probadas debido a la modificación del régimen legal de Bolivia tras la promulgación de la Ley de Hidrocarburos y a la revisión de los campos en este país y en Argentina.

La nueva redacción del Artículo 357 de la Constitución boliviana atribuye al pueblo la propiedad de los recursos petrolíferos del país. La petrolera española considera que esta apreciación puede ser compatible con sus derechos económicos sobre los contratos suscritos en el país.

El diario 'Expansión', que asegura que la petrolera está estudiando el posible recorte de reservas, recuerda que el nuevo articulado de la Constitución asegura que, "por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras".

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