El Gobierno quiere que el ICO dé créditos directos sin pasar por el banco

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El presidente del Gobierno no quiere que 2010 vuelva a ser un "año tonto" del ICO. Para ello está decidido a habilitar al Instituto de Crédito Oficial para que otorgue créditos directos a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, sin tener que pasar por el estrecho cedazo de la banca comercial.

La reforma de las líneas de mediación del ICO con el objetivo de "mejorar el acceso a la financiación de las empresas y adecuarlo a los sectores y actividades que más contribuyan al crecimiento económico" es una de las prioridades del proyecto de Ley de Economía Sostenible que, incluso, recoge el compromiso del Ejecutivo de aprobar este cambio en el funcionamiento de la agencia financiera del Estado antes de finalizar el año 2009.

A finales de septiembre, el ICO solamente había concedido el 31,7% del importe total de crédito disponible en las línea de mediación, y los responsables económicos del Gobierno son conscientes de que uno de los principales obstáculos a la circulación del crédito oficial es el "bloqueo" de los bancos, encargados de tramitar las solicitudes de financiación y que asumen, por tanto, una parte del riesgo en las operaciones.

"Si la empresa demandante reúne las condiciones de solvencia exigidas por el banco, éstos te ofrecen sus propias líneas de crédito con las que compite el ICO, y si no reúnes esas condiciones, no te dan ni las del ICO ni las suyas", señalaba recientemente un dirigente empresarial, para resumir el problema de funcionamiento del crédito oficial.

Es para solventar este atasco y dar fluidez a las líneas de financiación por lo que la propuesta que el Ejecutivo y el ICO tienen encima de la mesa es permitir que el Instituto pueda dar créditos al margen de la banca comercial, para lo que utilizaría a los institutos financieros de las comunidades autónomas para realizar las funciones de gestión y trámite que ahora desarrollan las entidades financieras.

Para ello el ICO formaría en cada uno de los institutos autonómicos (figura que existe ya en todas las comunidades del Estado) a equipos de control de riesgo que serían los encargados de evaluar las demandas y autorizar la concesión de los créditos.

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