Economía/Telecos.- Facua apoya la petición de Redtel para que se permita a los usuarios conservar su número de móvil

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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La asociación de consumidores Facua considera que el Ministerio del Interior debería permitir a los usuarios de tarjetas prepago que a 9 de noviembre no se hayan identificado conservar su número de teléfono durante un periodo adicional, aunque la línea y los servicios a ella asociados queden temporalmente desactivados.

"Creemos que Interior debería reconsiderar el tema de reactivar las tarjetas que se desactiven el lunes, ya que no existen motivos de seguridad que puedan sustentar esta medida", señaló el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, a Europa Press.

De esta forma, la asociación se suma a la petición de Redtel, patronal que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones --Telefónica, Vodafone, Orange y Ono--, que remitió al Gobierno una propuesta para evitar que los cuatro millones de usuarios sin identificar, según la última cifra aportada por la patronal, pierdan su número.

El portavoz de Facua señaló que "en este caso" los intereses de los usuarios y las operadoras "no chocan", aunque sus motivaciones "puedan ser distintas".

Por otra parte, y en el caso de que el Gobierno decidiera finalmente no aprobar la petición de los operadores de telefonía móvil, Facua recordó que algunos de los usuarios de estas tarjetas prepago tienen aún saldo en su móvil y señaló que, en caso de que se desactive su número, perderían este dinero.

"Hemos preguntado a las operadoras qué ocurrirá con ese dinero si finalmente no se toma en cuenta su propuesta y no nos han respondido", añadió Sánchez, quien puntualizó que los clientes tienen derecho "legal" a recuperar este dinero.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá mañana sábado con los representantes de las operadoras de telefonía móvil para abordar la medida propuesta por el Gobierno en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007 y que tiene como objetivo la lucha contra la delincuencia organizada.

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