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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadEl Ministerio del Interior recuerda a los usuarios de tarjetas móviles prepago que, de acuerdo a la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, a partir del día 9 de noviembre se desactivarán las tarjetas de los que aún no se han identificado.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Interior señaló que los usuarios disponen aún de diez días para acreditar su identidad con el DNI, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjero o, en el caso de las empresas, con la tarjeta de identificación fiscal. A partir de esta fecha, los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas, y el usuario perderá la línea y el número del móvil.
Según datos de Redtel, patronal que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones --Telefónica, Vodafone, Orange y Ono--, cuatro millones de usuarios de tarjeta prepago podrían quedarse sin línea a partir de esta fecha. Para evitar perder a estos clientes, la patronal envió el pasado lunes una petición al Gobierno con el fin de conseguir 'un periodo de gracia' con el fin de que, aunque a partir del 9 de noviembre las líneas queden desactivadas, se conceda a los usuarios un periodo --aún sin definir-- en el que recuperar su número en caso de identificarse.
"Redtel no pide una prórroga al Gobierno, los operadores cumplirán escrupulosamente con la ley. Lo que queremos desde Redtel es que se conceda un periodo adicional para que los usuarios aún sin identificar puedan conservar su número aunque las líneas queden desactivadas a partir de la fecha fijada", destacó una fuente de la patronal a Europa Press.
De momento, fuentes del Ministerio de Industria señalaron a Europa Press que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto y que continúan estudiando la petición de los operadores, que podrían ver dañada su base de clientes prepago debido a las bajas de los clientes sin identificar.
La Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, tiene como objetivo la lucha contra la delincuencia organizada.
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