El Ministerio de Economía y Hacienda subrayó hoy que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat estimara que el fondo vulnera el Estatut.
Desde el departamento recordaron que la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ya indicó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de julio que el fondo es "plenamente respetuoso" con el reparto competencial y, por tanto, constitucional.
Concretamente, Salgado aseguró entonces que el decreto ley que regula la creación del fondo respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre Estado central y autonomías y es "plenamente respetuoso" con ellas.
La ministra de Economía y Hacienda incidió durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja en que su objetivo es garantizar una intervención ágil y eficaz del Banco de España cuando sea necesario, evitando que peligre la viabilidad de unas entidades que pueden entrar en riesgo.
Cataluña no está conforme
Tras el dictamen del consejo consultivo regional, el Ejecutivo catalán deberá decidir si presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
El dictamen de 31 páginas del consejo consultivo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el fondo invade competencias porque no respeta el derecho de veto de la Generalitat en operaciones de creación o fusión de cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España.
En concreto, el texto dictamina que se entra en "directa contracción" con lo que establece el artículo 120 del Estatut en arreglo a la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña por la que "las absorciones y las fusiones de cajas con domicilio en Cataluña deben ser autorizadas por el Govern".
El decreto del Gobierno prevé que el Banco de España pueda autorizarlas en determinados casos sin requerir ninguna autorización administrativa ulterior, y sólo contempla que la Generalitat pueda enviar un informe no vinculante al instituto emisor, que será el que autorice el proceso bancario.
En todo caso, se da un plazo máximo de diez días a la ministra de Economía, Elena Salgado, para poder abortar dicha operación.3
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