Economía- El presidente de la CMT aboga por un marco jurídico que permita la convergencia entre Administración y empresas

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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, abogó hoy por un marco jurídico transparente que establezca un mecanismo adecuado para coordinar las actuaciones entre los agentes del sector de las telecomunicaciones y las administraciones públicas.

Rodríguez subrayó en su intervención en el 'IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales' la necesidad de que todas las partes implicadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías se pongan de acuerdo para, no sólo "acopiar recursos" y agilizar las actuaciones reduciendo costes, sino poder contribuir a reducir el desempleo.

"El sector se encuentra en el comienzo de una fase inversora que, si bien puede retrasarse por algunos aspectos coyunturales, es ya manifiesta. Es el momento de entrar en contacto con las administraciones públicas", explicó el presidente del órgano regulador de telecomunicaciones, que el viernes abrió una consulta pública sobre la regulación de los servicios de redes Wi-fi prestados por las administraciones públicas.

En dicha consulta, la CMT contempla la posible modificación del reglamento de prestación de servicios para eliminar la limitación temporal del Wi-fi público gratuito, con lo que dispondría de "mayor margen" para ajustar las decisiones regulatorias según las circunstancias.

Rodríguez explicó que es importante recoger las "sensibilidades" de todos los agentes implicados y promover a su vez una relación adecuada con la ciudadanía en un marco regulatorio y jurídico adecuado para respetar la competencia.

En este sentido, el presidente del Consorcio Localret y alcalde de Terrasa, Pere Navarro, apuntó que es fundamental fomentar el diálogo con el fin de encontrar los cauces que permita eliminar "la brecha digital", e insistió sobre la obligación de las administraciones públicas en permitir que todos los ciudadanos puedan acceder a la información y al progreso económico y social.

Para lograr este objetivo, Navarro destaco el papel que juega el apoyo del Gobierno central, y valoró los fondos de 8.000 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado a los ayuntamientos y que han sido gestionado por éstos "de manera eficaz y coordinada".

Asimismo, se refirió al plan de inversión local del Gobierno para promover un nuevo modelo de desarrollo económico con unos fondos de 5.000 millones de euros destinados a sostener tres ejes, el de la sostenibilidad y medio ambiente, el de las políticas sociales y el de las nuevas tecnologías.

TRIBUTACION DE LAS OPERADORAS A LOS MUNICIPIOS

Con respecto a la tasa municipal por ocupación del dominio público que supone un canon del 1,5% de los ingresos anuales por el empleo de este dominio público, Navarro apuntó que no se puede estar siempre en los tribunales.

"Es necesario una mejora y simplificación de la norma en colaboración con los operadores para desarrollar una solución en la que todos tengamos claras las reglas de juego", añadió Navarro.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, destacó que la FEMP y el Ministerio de Hacienda han creado una mesa de negociación sobre esta tasa de aprovechamiento del uso público local e invitó a las operadoras a participar en un diálogo que sustituya en lo posible al litigio.

"Hay que hablar no solo de la realidad, sino de la interpretación y aplicación de la norma", indicó Castro.

La FEMP informó recientemente que el Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la tasa exigida a las empresas de telefonía móvil por el uso del dominio público local y confirma que este servicio utiliza el dominio público local y que, por ello, la tasa municipal es ajustada a derecho.

En concreto, la federación hacía referencia a la desestimación por parte de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado por Vodafone España contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de junio de 2005, que rechazó la retirada de la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona).

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