Economía/Empresas.- Acuerdo unánime en el Congreso para acotar la morosidad de la Administración con sus proveedores

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La iniciativa admitida a trámite duplica el interés mínimo de demora hasta el 7% y permitiría ahorrar hasta 10.500 millones

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Todos los portavoces del Pleno del Congreso de los Diputados expresaron hoy su apoyo a la tramitación de una proposición de ley de CiU para cambiar la legislación sobre morosidad en las operaciones comerciales, fijando un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que la federación nacionalista califica como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".

Así lo aseguró desde la tribuna el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien ve la morosidad es el principal motivo del incremento del paro en España y denunció que, aunque la ley actual ya habla de plazos de 60 días, éstos se superan sistemáticamente, llegando a superar los 230 días en el sector de la construcción y hasta los 660 días cuando los deudores son organismos públicos.

El diputado 'popular' Ramón Aguirre celebró la ocasión que representa la iniciativa de CiU para reformar "punto por punto" la actual legislación de "baja intensidad", si bien advirtió al CiU que no se trata de un "respaldo cerrado" a todo su articulado. A esta posición se adhirieron los representantes del PNV, ERC y BNG.

PSOE: "SE HA PERDIDO LA VERGUENZA DE NO PAGAR"

Por su parte, el socialista Félix Larrosa admitió el riesgo que supone la morosidad en un momento de crisis, en el que "se ha perdido hasta la vergüenza de no pagar" si bien este debate lleva abierto desde los "años de bonanza". Estamos en la cultura de la morosidad", lamentó, al tiempo que abogó por "avanzar" desde la legislación anterior, de 2004. "Vamos a hacer una ley moderna", señaló.

De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.

Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos con las que se ha reunido, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, cuyos dirigentes siguieron el debate desde la tribuna de prensa.

DUPLICAR INTERESES DE DEMORA.

Además, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.

La futura ley también plantea endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios.

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA MOROSIDAD.

Las organizaciones empresariales serán "legitimadas" para ejercer acciones colectivas de "cesación y retractación" contra las empresas que incumplan de "forma habitual" los plazos de pago.

Por último, se creará la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, con la participación de las administraciones públicas, agentes económicos y sociales, que elaborará informes y recomendaciones sobre esta cuestión, en coordinación con los organismos autonómicos competentes.

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