Constructoras piden garantías para entrar en el plan extraordinario de 15.000 millones de Fomento

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Las constructoras han solicitado al Ministerio de Fomento mayores garantías y mejoras normativas para participar en el plan extraordinario de inversión en infraestructuras de 15.000 millones de euros que el departamento que dirige José Blanco prevé desarrollar en lo que queda de Legislatura.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Fomento y el sector mantienen abierto un canal de diálogo para determinar las fórmulas de financiación y los cambios en el sistema concesional necesarios para impulsar la participación privada en la obra pública sin perjudicar el interés general.

La concesión de créditos participativos y avales estatales se perfilan como los principales instrumentos que se articularán para garantizar la financiación de las constructoras que participen en el plan, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Las constructoras argumentan que en el actual contexto económico es más difícil obtener financiación para obra pública, dado que los bancos consideran como factores de riesgo elementos que hasta ahora no lo eran, como la previsión de tráfico de una vía.

Por ello, el sector ve necesario un sistema de avales del Estado, que podrían articularse a través del ICO, o los referidos préstamos participativos, créditos con un periodo de carencia que permite adecuar su amortización a los ritmos de la obra, esto es, devolverlo cuando empiezan a rentabilizar la infraestructura.

En fuentes del Ministerio de Fomento se limitaron a indicar que "actualmente se estudian todas las posibilidades trabajando en estrecha colaboración con las empresas".

En paralelo, las constructoras españolas, líderes mundiales en financiación de obra pública según distintos 'ranking' especializados, solicitan "mejoras cualitativas" en la legislación que rige la participación privada en obra pública y en los pliegos de los contratos de obra pública.

EXPROPIACIONES E IMPUESTOS.

Así, piden recuperar la responsabilidad patrimonial de la Administración pública en la Ley de Contratos del Sector Público, resolver los problemas que presentan las expropiaciones y fijar umbrales de temeridad adecuados en la valoración de las ofertas.

También demandan modificaciones fiscales. Según sus datos, en la actualidad, por cada 100 euros que se invierten en la fase de construcción de una infraestructura, las administraciones reciben 20 euros en concepto de impuestos.

De igual forma, subrayan la necesidad de corregir las bajas en la adjudicación de obras (contrataciones por importes muy inferiores a los presupuestados), y actualizar el sistema de clasificación de empresas contratistas de obra pública, que data de 1991.

El ministro de Fomento anunció recientemente su intención de movilizar 15.000 millones de euros entre recursos públicos y privados para abordar un plan extraordinario de obras públicas en esta Legislatura. El plan se sumará a la inversión presupuestaria, que se mantendrá en línea con la media del último Gobierno (unos 11.800 millones de euros anuales) y al programa de agilización de obras ya contratadas.

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